Paraguay en el Camino de la Esperanza

(Publicado en El Mostrador Julio 15,2008)

En su más famosa obra literaria e histórica, “Las Venas Abiertas de América Latina”, Eduardo Galeano nos habla del Paraguay de otrora, el que en sus primeros años de independencia del Imperio Español, era el único país de la América del Sur que de veras toco las alas de la libertad real y eficaz y que, por ello, fue aplastado en el nombre de esa curiosa e hipócrita libertad de comercio que tanto gusta a empresarios, oligarcas y capitalistas. Paraguay no estaba dominado por esa lacra de la deuda externa y desde el final de la colonización española, en 1811, el Estado paraguayo practicaba el proteccionismo para conformar una barra de protección a su industria nacional y a su mercado interno. Llegó a ser el Estado más avanzado de la región latinoamericana, por lo que el Imperio Británico, en 1986 instigó la llamada Guerra de la Triple Alianza que articulaba a Brasil, Argentina y Uruguay, a fin de terminar con la experiencia paraguaya que amenazaba con extenderse por la región, dificultando las ganancias que el “libre comercio” le proveía a los británicos. Se recuerda como la guerra más cruel de la historia hispanoamericana, ya que, después de cinco años de matanzas, dejó con vida escasamente a una sexta parte de su población. Lo que viene después es una liturgia mil veces repetida, al Paraguay se le impusieron sanciones económicas draconianas, debió ceder parte importante de su territorio a los otros países de la Triple Alianza y, cómo no, pagar las deudas de la guerra. Entonces, un país que se había desarrollado durante 60 años sin recurrir a la deuda externa, comenzó a repetir esa trágica historia del continente.

Le herencia de esa innoble gesta bélica se ha perpetuado hasta nuestros días. Según el "Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Paraguay 2008: Equidad para el Desarrollo”, la alta concentración de las tierras indica que el 1% de la población tiene el 77% de las tierras y del ingreso y que el 10% más rico se lleva el 40% de la riqueza del país. Es tan poca la atención que los diferentes gobiernos de signo oligárquico han dado a los más pobres, que Paraguay exhibe uno de los más bajos gastos sociales de la región, llegando al 9% según el PNUD, lo que contrasta con el 20% promedio de los países de la región. Es también un país con un sistema tributario altamente regresivo, dado que el máximo impuesto a la renta llega al 10% cuando en Argentina es un 35%, en Brasil un 28%, y en Uruguay llega al 40%. Por su parte, la pobreza extrema llega al 20% de la población y 2,5 millones viven con menos de dos dólares por día, es decir, un 42% de la población. Otras cifras son más crudas y nos hablan de más del 50 % de la población viviendo bajo el umbral de pobreza y de un 35 % en la miseria absoluta. El desempleo alcanza aproximadamente a un 11% de la población económicamente activa, mientras que el empleo informal abarca a cerca de una cuarta parte de los trabajadores.

Como todo país latinoamericano, Paraguay es víctima de los capitales trasnacionales que usufructúan de los recursos naturales y energéticos. En particular, ha sido severamente afectado -en su soberanía hidroeléctrica- por los acuerdos que dieron origen a los contratos de Itaipú y Yacyretá, firmados por la dictadura de Stroessner con Brasil y con la Argentina de Perón. Ambos tratados perjudicaron significativamente a Paraguay. En el tratado de Itaipú se establece que la energía producida se repartirá en partes iguales para cada país, pero asegura también a cada país poder adquirir la energía que no sea utilizada por el socio para su consumo interno. Obviamente, como Paraguay consume solo el 5% de la energía producida en Itaipú, se ve obligado a vender el excedente a Brasil y a valores muy por debajo de los precios de mercado. El acuerdo de Yacyretá con Argentina es muy similar y perjudicial para el Paraguay. Según las cifras entregadas por Lamarque en Rebelión, los ingresos recibidos por Paraguay de la explotación de Itaipú, son apenas un 7,5% del valor real de mercado.

Este es el país con el que comenzará a tratar Fernando Lugo –ex obispo católico de San Pedro, una de las regiones más pobres del país- el 15 de agosto próximo cuando llegue formalmente a la presidencia de Paraguay. No son pocos los desafíos ni los entorpecimientos que enfrentará su gestión, a pesar de su voluminosa victoria cercana al 41% sobre la candidata del Partido Colorado Blanca Oviedo (31%) y sobre el ex general Lino Oviedo (22%). No obtener la mayoría absoluta no constituye obstáculo en Paraguay pues las elecciones presidenciales se deciden en primera vuelta por mayoría simple. Su participación en política es muy reciente, sólo a fines del 2006 abandona el sacerdocio para involucrarse en política, después de que 100 mil firmas lo conminan a tomar esa opción. La sorpresa y el cambio han sido muy significativos e ilustrativos para la región latinoamericana, ya que logró conformar una coalición denominada Alianza Patriótica para el Cambio (APC) que incluyen a grupos de izquierda más bien radicales y al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), pasando por todo el espectro político. La gesta política de Lugo –muy al estilo de la frescura y vitalidad que siempre ha demostrado la región latinoamericana- puso fin a la hegemonía del Partido Colorado, que gobernó sin contrapeso ni alteraciones durante 61 años.

Hasta ahora, las cosas para Lugo marchan miel sobre hojuelas. De hecho y según una encuesta de la empresa Gabinete de Estudios de Opinión (GEO), encargada y publicada por el diario La República del Perú, el 59,7% de los paraguayos considera que su gobierno será bueno. Es más, un 14,8% cree que la administración de Lugo será "muy buena". Sin embargo, el mismo estudio realizado entre el 20 de junio y el 3 de julio pasados, también señala que el 56,3% de los consultados considera que Lugo "la tendrá difícil". Claramente esta percepción no es equivocada. Por una parte, deberá enfrentar los conflictos y contradicciones de su propia coalición de gobierno –la Alianza Patriótica para el Cambio- que por su naturaleza políticamente multifacética es posible aparezcan a poco andar su gobierno. Al respecto el desafío es consolidar los cambios en la dirección de la democratización, la justicia social, la transparencia del aparato público, la distribución de la propiedad de la tierra y de la riqueza, sin que por ello encuentre resistencias dentro de los sectores liberales de su coalición. No sería justo para los más pobres ni para los siempre marginados del Paraguay y de América Latina que –en aras del equilibrio interno- el gobierno del presidente Lugo se alineara a políticas económicas cercanas a las que han venido practicando en Chile los gobiernos de la Concertación, que han sido un duro golpe a la esperanza y una desenfadada traición a la voluntad popular.

No obstante, lo más peligroso para el futuro de Paraguay es la férrea oposición que instalarán –ya es clásico en nuestra América- los empresarios, latifundistas y políticos de derecha que ven amenazados sus intereses con la sola elección de un hombre que no viene de sus filas. No habiendo asumido la presidencia formalmente aún, estos sectores oligárquicos ya deben estar planificando sus estrategias. Así lo han hecho siempre en América Latina con el respaldo también clásico de los Estados Unidos. En Chile llegaron al extremo de asesinar al comandante en jefe del Ejército por negarse a desconocer el resultado electoral que llevó a la Presidencia de Chile a Salvador Allende. Así también en el Paraguay, el Partido Colorado y sus representados –la oligarquía latifundista y empresarial- establecerán una feroz oposición a los cambios que están pensados en el Paraguay de Fernando Lugo.


Nada menos podemos esperar si pensamos en que dentro de los principales postulados de su gobierno están, por una parte, una revolución agraria integral que necesariamente deberá afectar la propiedad de la tierra y, por otra, un programa de reactivación económica ligado a una mayor justicia social, lo que necesariamente debería pasar por aumentar el gasto público, la carga tributaria de los sectores más ricos y una mayor ingerencia del Estado en la economía paraguaya. Nada de esto es ni será del gusto de la oligarquía empresarial y latifundista que, como es obvio, hará todo lo posible por cerrar el paso a los cambios y consternar la sociedad y la economía paraguaya. No faltará quien acuda a la siempre bien dispuesta “cooperación” norteamericana para “afianzar la paz y la libertad” en el continente americano.

No es menor la esperanza que levanta en Paraguay y en toda América Latina la llegada a la Presidencia de Paraguay de Fernando Lugo. No es menor tampoco la resistencia que enfrentará por parte de los empresarios y de los dueños de la tierra, la que no se fijará en gastos ni en conductas aberrantes para detener el proceso. Lo saben hacer, lo han hecho mil veces y lo seguirán haciendo pues han tenido mucho éxito en ello. Lo que aún no sabemos y constituye todo un misterio, es la fuerza, la lucidez y la habilidad política de Lugo, su coalición y del pueblo paraguayo para resistir los embates políticos que se avecinan.

Para todos aquellos que soñamos con una América grande y generosa que acoja a todos los hijos nacidos de su tierra, el proceso que comenzará a vivir el Paraguay, constituye todo un gesto de progreso y de esperanza que nos hacen confiar en que, como lo dijo Salvador Allende, los grandes valores de la humanidad terminarán finalmente por imponerse.

Marcel Claude, Economista.

La Insuficiencia del Reajuste al Salario Mínimo

(Publicado en El Mostrador, Junio 27, 2008)

Se anunció hace poco un acuerdo entre la CUT y el gobierno de Chile, léase ministros de Hacienda y Trabajo, Velasco y Andrade respectivamente, en relación a un aumento en el salario mínimo de 10,4%.

Como todos los años, los trabajadores representados por Arturo Martínez se quejaron de intransigencia y mal trato por parte de las autoridades económicas. Este episodio regular y permanente en que los trabajadores salen siempre trasquilados, contrasta con la situación del sector financiero y de las sociedades anónimas que han tenido siempre el respaldo y apoyo de la Unidad de Fomento (UF), como mecanismo para proteger sus enormes utilidades en el curso de estos últimos años.

La situación da también para pensar que habría que rediseñar la forma en que este salario mínimo se determina, a fin de avanzar a una reajustabilidad automática, al menos del famoso y controvertido salario mínimo, aunque lo justo sería aplicar reajustes automáticos a todos los salarios que reciben por contrato los trabajadores.

No es digno ni es justo que mientras la banca y las sociedades comerciales ajustan sus ingresos automáticamente según el IPC y gracias a la UF, los trabajadores deban pasar por extenuantes y muchas veces indignos procesos de negociación para recuperar, en medida menor, el efecto que los precios ejercen sobre sus salarios haciéndoles perder su poder adquisitivo.

La evidencia muestra por lo demás que si para algo ha servido la UF, ha sido para preservar las utilidades y las ganancias, mientras los salarios se hunden en la mazmorra de la desvalorización. Como se sabe, la UF consiste en un mecanismo de valorización económica vinculado al índice de precios al consumidor (IPC), que permite una reajustabilidad automática y cotidiana -en función de este IPC- de todo valor que se exprese en la famosa UF. Es decir, es una excelente manera de protegerse frente a la desvalorización que implica la inflación.

Actualmente ésta es utilizada predominantemente en el sector financiero de manera que se encuentran indexados todo tipo de préstamos, hipotecas y otros contratos en el mercado de la vivienda, así como los instrumentos financieros gubernamentales de largo plazo. También existen algunos tipos de ingresos indexados como son las pensiones alimenticias y algunos beneficios del sistema de seguridad social. En un comienzo el valor de la UF era ajustado tres veces en el año, con lo que presentaba un rezago respecto de la variación del IPC. A partir del año 1977 y hasta hoy, el valor de la UF es actualizado diariamente en base al IPC del último mes.

La información es meridianamente clara: la indexación financiera ha cumplido de manera bastante eficaz su objetivo de proteger a los retornos financieros de la inflación. Las utilidades netas de las instituciones financieras muestran una fuerte tendencia al alza entre 1990 y 2007, con un aumento sistemático de más de 500% en el período, y estas parecieran encontrarse aisladas de las variaciones en el nivel de actividad económica, de manera que las caídas en el crecimiento del PIB no se reflejan en descensos similares en las utilidades de estas instituciones.

Resalta, en este sentido, que éstas apenas se hayan visto perjudicadas por la contracción del PIB en 1999, disminuyendo apenas su ritmo de crecimiento para retomar rápidamente el curso de crecimiento acelerado que han presentado hasta la fecha. Lo mismo puede apreciarse respecto de las instituciones bancarias que utilizan la indexación financiera como modo de proteger los retornos de sus colocaciones. También en este caso las utilidades netas y tasas de rentabilidad del sector parecieran encontrarse aisladas de la evolución del conjunto de la economía.

Es más, las tasas de rentabilidad de los bancos superan en varias veces (sobre el 15%) el crecimiento del PIB en el período que va desde 1999 al 2004. No es distinto el caso general de las sociedades anónimas. Los datos encontrados para los años 2002 a 2007 muestran un crecimiento sostenido de las utilidades netas, por sobre el 500% en el período analizado y nuevamente con independencia del nivel de actividad económica, puesto que casi ni se alteran con los descensos de la actividad productiva del país. Claramente, la introducción de la indexación financiera ha sido eficaz en evitar la erosión del poder adquisitivo cuando los ingresos se originan en los retornos financieros del factor productivo capital.

Sin embargo, para los trabajadores la historia es de signo contrario. Como se sabe, el año 1985 se flexibilizó el mercado laboral a tal punto que la fijación del nivel de salarios comenzó a ser objeto de una negociación entre el empleador y el trabajador particular. A partir de entonces y hasta el día de hoy la actualización del salario en función del nivel de inflación está sujeta a las posibilidades de los trabajadores de incluir en sus contratos cláusulas de indexación, principalmente a través de los procesos de negociación y convenios colectivos.

El problema es que, en Chile, el alcance de estos mecanismos es extremadamente limitado, puesto que entre 1990 y 2007, el número de trabajadores que negociaban colectivamente no alcanzaba a cubrir al 15% del total de trabajadores ocupados.

Este contexto de desmovilización y baja participación sindical ilustra la poca efectividad de dejar a los propios trabajadores la misión de negociar periódicamente el reajuste de sus salarios conforme a la variación de los precios. A diferencia de lo observado respecto de las utilidades, las remuneraciones han presentado una tendencia a la baja.

El crecimiento de los salarios nominales mostró casi una década de disminuciones entre 1995 y 2004, volviendo a aumentar a contar del 2005. Recién en el 2007 se alcanza el nivel de crecimiento experimentado por los salarios nominales una década antes. En términos reales, el crecimiento de las remuneraciones cae a la mitad entre 1995 y 2000, para luego estabilizarse y volver a aumentar recién en el 2007 a los niveles de una década atrás.

Contrariamente también a lo que ocurre con los ingresos del capital, la tendencia en el crecimiento de las remuneraciones se muestra en alguna medida aislada del ciclo económico, pero en el sentido contrario al que presentan las utilidades. Los salarios nominales siguen el curso descendente de la actividad económica entre 1995 y 1999 pero su descenso se prolonga por 5 años más. Mientras el curso del PIB toca su punto más bajo en 1999 para comenzar una nueva tendencia alcista a partir del 2000, el repunte de los salarios llega recién en el 2005. Si se observan las remuneraciones reales, en cambio, su tendencia se muestra completamente disociada de la tendencia en la actividad económica, presentando una caída más moderada pero también más persistente en el tiempo.

Estas tendencias deberían ser bien entendidas por las organizaciones sindicales y comenzar a articularse para establecer, al menos, una indexación del salario mínimo y no tener que asumir todos los años el trato vejatorio e indignante a que someten los sucesivos ministros de hacienda a los trabajadores.

Marcel Claude, Economista.