Marxel Claude · 10 de
octubre de 2026
El voto que no decide
En Chile no hay democracia, mas sí un mercado electoral monopolizado,
financiado por el Estado y administrado para quienes ya están dentro. Gustavo
Burgos, en su reciente texto en El Porteño sobre el camino que va de octubre
de 2019 a la lucha actual por la huelga general, lo formula con gran precisión:
El banquero y el obrero que ese banco despide tienen, cada uno, un solo voto.
En la urna son iguales. Fuera de ella no lo son pues el banquero puede
financiar campañas, comprar espacio en los medios y sentarse donde se toman las
decisiones económicas y políticas; el obrero solo tiene su voto y su salario.
La igualdad que reconoce la ley llega hasta la puerta de la propiedad privada y
ahí se detiene. Este artículo quiere mostrar, con cifras concretas, cómo opera
esa desigualdad en el sistema electoral chileno.
No se trata de hacer una denuncia moral contra las imperfecciones del
sistema. Se trata de mostrar, con los números del propio Servel, del Consejo
Nacional de Televisión y de los estudios académicos, que el régimen electoral
chileno está construido para reproducir a los partidos instalados y al poder
económico que está a la base de la sociedad chilena. Lo financia el fisco, lo
prestan los bancos, lo amplifican los medios de unos pocos grupos económicos,
lo distorsionan las granjas de bots y lo procesa, en su capa informática, una
empresa privada que gana licitaciones sin competencia.
De ese diagnóstico se desprende una conclusión política. Si el poder del
capital no se disputa en las urnas, hay que disputarlo donde nace, es decir, en
la producción donde se genera el excedente y la riqueza. Y para eso se necesita
una orgánica propia de trabajadores, estudiantes y organizaciones sociales,
constituida como referente para hacer de la huelga general el instrumento de
lucha política por excelencia de los desheredados, es decir, de las mayorías
históricamente postergadas.
El Estado paga la mesa
El fisco financia a los partidos instalados con $14.877 millones al año.
Desde 2016 la ley entrega a cada colectividad 0,04 UF por cada voto obtenido en
la última elección de diputados. La resolución del Servel de febrero de 2026
fijó el monto total en $14.877.496.046, calculado sobre 9.370.900 votos
válidamente emitidos: $1.587 por sufragio (El Mostrador).
La cifra casi se duplicó en cuatro años. En 2022 el mismo aporte sumó
$7.765 millones, con RN y la UDI a la cabeza (El Desconcierto). El voto obligatorio no amplió la soberanía popular: amplió la caja de
los partidos. Bajo amenaza de multa, cada elector queda obligado a transferir,
con su sufragio, una renta anual a la organización por la que votó o a la que
su voto terminó sumando por arrastre de lista. Proyectado sobre un período
legislativo completo, el aporte ronda los $59.500 millones.
A esto se suma el reembolso de campaña. Por cada voto de primera vuelta
presidencial el Servel devuelve hasta 0,04 UF, unos $1.585; en segunda vuelta,
0,01 UF más. Las candidatas al Congreso reciben 0,01 UF adicional por voto (24horas). Es cierto que no es un pago automático: exige una cuenta de gastos
aprobada (CHV / Comprueba). Pero el principio es transparente: el Estado devuelve el gasto en
proporción al éxito ya obtenido, de modo que quien más tiene recibe más.
Fuente:
votos y valor por voto según El Dínamo y 24horas con datos del Servel (17 nov.
2025); cálculo propio. Reembolso sujeto a rendición aprobada por el Servel.
El techo para las ocho candidaturas de 2025 superaba los $20.500
millones. La regla funciona como un seguro para quien llega con aparato, medios
y crédito; para una candidatura obrera sin capital inicial, el reembolso llega
tarde o no llega. La barrera de entrada tiene, además, un filo legal, ya que tras
la parlamentaria de 2025 el Servel ordenó disolver 13 partidos que no
alcanzaron el umbral, entre ellos el Radical y Evópoli (CNN Chile).
Los bancos prestan, el fisco
devuelve
En la campaña presidencial de 2025, el 83% del
dinero no vino de ciudadanos sino de la banca. Los aportes declarados superaron
los $12.896 millones: apenas $707,7 millones fueron aportes privados, $1.436
millones salieron de los partidos y $10.752 millones fueron créditos pedidos
por los candidatos contra el reembolso futuro (Emol).
El circuito es nítido. El banco presta con la
garantía del Estado, mediante un mandato de cobro inscrito en el Servel a favor
del banco emisor; el candidato gasta; el fisco paga al banco con dinero público
(CHV/Comprueba). El capital financiero no corre riesgo y
cobra intereses sobre la democracia. Quien no tiene historial crediticio,
aparato ni expectativa razonable de votos, no accede al crédito, o sea, la
competencia queda cerrada antes de abrirse.
El destino del gasto confirma hacia dónde fluye
el dinero. Solo el cierre de campaña de Kast en el Movistar Arena costó unos
$400 millones; la campaña de Jara pagó $92,4 millones a Google, y otras
candidaturas transfirieron recursos a la filial irlandesa de Meta (El Dínamo). El financiamiento público de la política termina, así, en las cuentas
de las grandes plataformas y de la industria del espectáculo.
La pantalla cautiva
En la televisión chilena la política la hacen los políticos: 82% del
tiempo en pantalla, contra 2% para la sociedad civil. Así lo midió el propio
CNTV en la cobertura del plebiscito de 2022, donde los expertos obtuvieron 8% y
los pueblos originarios 3% (El Mostrador). El sindicato, la asamblea territorial y la federación estudiantil
existen en pantalla como imagen de conflicto, rara vez como voz que argumenta.
La franja electoral, presentada como garantía de equidad, formaliza esa
jerarquía. En la parlamentaria de 2025 cada partido recibió tiempo proporcional
a sus votos de la elección anterior; el conjunto de las candidaturas
independientes, el mismo tiempo que el partido menos votado (24horas). Ese partido fue el Liberal, con 18 segundos (CNTV, Res. 943). Todos los independientes del país compartieron, pues, cerca del 1,5%
de los 20 minutos diarios de la franja parlamentaria.
Detrás de los medios está la propiedad. En prensa escrita, El Mercurio y
Copesa concentraban el 80% de la lectoría, es decir, de cada diez personas que
leían prensa escrita, ocho lo hacían de un diario de esos dos grupos. Estos dos
conglomerados también reciben el 83% de la inversión publicitaria, con un
índice de concentración del 98% (El Desconcierto). En televisión abierta la concentración se acerca al 90%, con los
Luksic en Canal 13 y el Grupo Bethia en Mega (El Ciudadano; El Desconcierto). Chile no tiene ley que limite esa concentración. Los dueños de los
medios son los mismos dueños del país que el proceso electoral chileno no toca
ni con el pétalo de una rosa.
La plaza pública privatizada
Más del 90% de la conversación en X sobre los
tres principales presidenciables de 2025 era tráfico artificial. Un estudio del
Centro de Estudios de la Comunicación de la Universidad de los Andes midió
94,8% de tráfico no orgánico (publicaciones, respuestas y republicaciones en
redes que no salen de personas reales) en #KastPresidente, 91,9% en #JaraPresidenta
y 89,2% en #EvelynPresidenta (BioBioChile). Los investigadores identificaron grupos
organizados de cuentas falsas capaces de convertir un mensaje en tendencia en minutos.
No es una anomalía de un bando. La propia
candidata de Chile Vamos denunció una operación de cuentas anónimas que
difundía que ella padecía Alzheimer, y un estudio interno de su coalición
identificó un núcleo de 70 cuentas troll operando de manera coordinada (The Clinic). Una investigación de El
Mostrador estimó al menos 1.300 cuentas automatizadas en la campaña, asociadas
al método del operador argentino Fernando Cerimedo (El Ciudadano), y la Fiscalía abrió una causa por sus
actividades en Chile (Pauta).
Lo decisivo no es quién paga los bots, sino lo
que revelan. La opinión pública ya no se forma con el debate abierto, sino en
plataformas cuyos algoritmos pertenecen a corporaciones transnacionales y cuya
escala puede comprarse. Cuando un
sindicato convoca a su asamblea por redes sociales, su mensaje aparece en la
misma pantalla que los de miles de cuentas falsas que fabrican consenso por
encargo, y tiene que competir con ellas por la atención de cada usuario. En ese
terreno, la desigualdad de recursos se convierte directamente en desigualdad de
existencia política.
Adexus y la caja negra del
cómputo
La noche electoral chilena, la que fija el
ganador ante el país, la procesa una empresa privada que compite sola. El
Servel reconoce haber contratado a Adexus S.A. desde 2016 y también participó en
las presidenciales de 2013; para el plebiscito de 2022 la licitación tuvo un
único oferente, Adexus, y se adjudicó por $1.199 millones (Servel). Los registros de Mercado Público
la sitúan en ese servicio desde 2013 (Meganoticias). El propio Servel admitió no contar con un
datacenter propio homologado para un sistema tan crítico.
La trayectoria corporativa no tranquiliza. En
2015 la constructora peruana Graña y Montero, implicada en la trama Odebrecht[1], compró el 44% de Adexus; nueve meses después
la empresa ganó la licitación del centro de cómputos y su controladora llegó al
91% de las acciones (Estación Latina). Hoy la propiedad está en manos de ejecutivos
chilenos, según el Servel. Y el diseño de las bases reproduce el monopolio pues
cuando se exige experiencia previa en procesos electorales, solo el proveedor
incumbente puede acreditarla, como reclamaron oferentes ante el Servel en 2019
(Interferencia).
Hay que ser precisos, porque la precisión es
aquí un arma. Lo que procesa Adexus es el cómputo preliminar, que por ley no
tiene valor de escrutinio ni proclama ganadores. El escrutinio legal es manual
y público: los vocales cuentan voto a voto ante los apoderados y llenan tres
actas, una para el Servel, otra para el Colegio Escrutador y otra para el
Tricel o el tribunal regional, que hace el cómputo final (Radio Agricultura). No existe prueba pública de fraude en 2025,
y los propios candidatos no lo denunciaron (CHV/AFP Factual).
Pero esa precisión agrava el diagnóstico en vez
de aliviarlo. Primero, porque la percepción de resultados la instala, a las
pocas horas del cierre, una capa informática privada, sin competencia y fuera
de todo control social; cuando los colegios escrutadores sesionan al día
siguiente, el país ya aceptó un resultado. Segundo, y sobre todo, porque la
única garantía real contra la manipulación es el control de las actas mesa por
mesa. En un país con unas 38.000 mesas de sufragio (cifra de 2023), solo un
aparato capaz de desplegar decenas de miles de apoderados puede vigilar su propio
voto (Diario Constitucional). La limpieza de la elección depende, en
última instancia, de la misma organización que el sistema reserva a los
partidos instalados.
Donde el voto no llega
Las cifras anteriores dibujan un régimen en el que cada peldaño de la
competencia electoral favorece a quien ya tiene por demás la ventaja: el aporte
fiscal premia la votación pasada, el reembolso premia el crédito, la franja
premia el tamaño, los medios pertenecen a los grandes grupos y la vigilancia
del voto exige un aparato que ni los grandes partidos han podido desplegar y
menos aún los candidatos de genuino origen popular. Pero aun si todas esas
distorsiones desaparecieran, quedaría intacto lo esencial, ya que las urnas designan
solo a quién administra el Estado, a los servidores del poder oculto; mas no
deciden quién ejerce el poder real, es decir, los dueños de la minería, de los puertos,
de los bancos ni de las AFP.
El poder del capital no reside en el Parlamento. Reside en la propiedad
de los medios de producción y en el control del proceso donde el trabajo vivo
produce más valor del que recibe como salario. Esa es la fuente de toda la
riqueza que luego financia campañas, compra pautas informativas y paga granjas
de bots. Disputar el poder en las elecciones es inoficioso pues no afecta el
reparto del excedente económico y de la riqueza que el capital ya se apropió
sin mediar elecciones populares; en consecuencia, disputarlo en donde se
realiza la producción misma del excedente y la riqueza es una tarea que no
podemos abandonar pues siempre ha sido un instrumento eficaz para defender los intereses de los
desheredados y empobrecidos por el sistema y constituye una forma de intervenir
en el momento mismo de la creación del excedente y la riqueza que es la razón
de ser del actual sistema de dominación.
Es allí donde está la mayor vulnerabilidad de los multimillonarios: el
proceso de acumulación logarítmico y exponencial del capital. Allí es, entonces, donde debemos acometer la
más grande de todas las batallas, allí es donde ellos temen enfrentar a la
organización de los pueblos y el poder político de los desechados del sistema.
Ahí, y solo ahí, la relación de fuerzas se invierte. Un millón de votos
puede ser neutralizado por un acuerdo de cúpulas, como lo fue la rebelión de octubre
por el Acuerdo del 15 de noviembre. Pero cuando se detienen los camiones de la
gran minería, las grúas de los puertos y las cajas del retail, el capital deja
de valorizarse y lo sabe al minuto. Burgos lo recuerda: la marcha del 25 de
octubre mostró que el régimen había perdido autoridad; la huelga del 12 de
noviembre insinuó que los explotados podían detener la reproducción del capital.
Por eso la respuesta del régimen llegó tres días después, y llegó en forma de
pacto institucional.
Por un referente de
trabajadores, estudiantes y organizaciones sociales
La conclusión es la organización de
los desechables y hace falta una orgánica propia, independiente del
financiamiento estatal a los partidos, de los medios de los grandes grupos y
del calendario electoral, cuyo objetivo central sea preparar las condiciones
para materializar la huelga general. No un partido más que compita por aporte
fiscal y segundos de franja, sino un referente que agrupe a quienes producen y
a quienes se forman para producir, junto a los territorios que sostienen la
reproducción de la vida.
Sus tareas pueden formularse con la
misma concreción que las cifras:
1.
Coordinación
permanente de sindicatos en lucha. Minería, puertos, salud, educación, retail y sector público, con
delegados mandatados por sus bases y no por las cúpulas.
2.
Unidad
obrero-estudiantil y territorial. Las federaciones estudiantiles y las asambleas por vivienda, deuda y
agua como parte orgánica del referente, no como invitadas a sus marchas.
3.
Fondo de huelga. Si la banca financia las campañas
contra el reembolso fiscal, los trabajadores deben financiar su capacidad de
parar con aportes propios y solidaridad internacional.
4.
Medios propios
en red. Radios, portales y canales
digitales coordinados, para no depender del 2% de pantalla que la televisión
concede a la sociedad civil.
5.
Un programa que
unifique. Salario, pensiones, vivienda,
educación gratuita, nacionalización de los recursos estratégicos y libertades
democráticas, Asamblea Constituyente, de modo que cada conflicto sectorial se
reconozca en una lucha común.
6.
Defensa frente
a la criminalización. Equipos jurídicos y redes de
solidaridad ante la Ley de Seguridad del Estado y la persecución de dirigentes.
Europa muestra que la consigna no
es una abstracción. En España, la presión del movimiento por la vivienda obligó
a CCOO y UGT a convocar una huelga general para el 11 de noviembre de 2026, la
primera que ambas centrales respaldan juntas en catorce años; en Francia, un
conflicto iniciado por estudiantes secundarios arrastra a docentes y sindicatos
(El Porteño). En Chile, el ajuste del gobierno
de Kast ya moviliza a estudiantes, funcionarios de la salud primaria y
profesores.
La democracia que valga ese nombre
no saldrá de una urna financiada por el fisco, prestada por los bancos, editada
por los dueños de los medios y contada en la caja negra de un proveedor único.
Saldrá del día en que quienes producen la riqueza decidan detenerla, juntos,
para preguntar al país quién lo hace funcionar. Preparar ese día es la tarea.
Organizarlo desde hoy es la única forma de que el próximo estallido social no
vuelva a terminar en un acuerdo de cúpulas.
Fuentes
•
Gustavo
Burgos, De
Octubre del 19 a la lucha actual por una Huelga General, El Porteño, 10 oct. 2026
•
Servel
rechaza balance contable de 14 partidos, El Mostrador, 16 feb. 2026
•
Servel
entregará $7.765 millones a partidos, El Desconcierto, 17 feb. 2022
•
El
dinero que recibirá cada candidato presidencial, El Dínamo, 17 nov. 2025
•
Reembolsos
de candidatos parlamentarios,
24horas, 20 nov. 2025
•
No
es pago por voto, sino reembolso,
CHV / Comprueba, 2025
•
Candidatos
presidenciales suman créditos por $10.700 millones, Emol, 30 nov. 2025
•
Servel
detalló los gastos de campaña 2025,
El Dínamo, 23 ene. 2026
•
Estudio
CNTV sobre cobertura del plebiscito, El Mostrador, 11 oct. 2022
•
Franja
electoral 2025: fechas y tiempos,
24horas, 1 oct. 2025
•
CNTV,
Resolución 943, distribución de tiempos de franja, Diario Oficial, 2025
•
Concentración
de medios en Chile,
El Desconcierto, 24 ago. 2016
•
Informe
sobre concentración mediática que el CNTV mantiene en reserva, El Desconcierto, 30 nov. 2016
•
En Chile existe una concentración
mediática excepcional,
El Ciudadano
•
Estudio
U. Andes sobre bots en la campaña presidencial, BioBioChile, 6 oct. 2025
•
La
guerra sucia de los trolls,
The Clinic, 27 jul. 2025
•
Cerimedo y la maquinaria de bots en
Chile,
El Ciudadano, 2026
•
Matthei
arremete contra Cerimedo,
Pauta, 4 sep. 2026
•
Declaración
sobre contratación de empresa a cargo de cómputos, Servel, 19 jul. 2022
•
Servel
contrata a empresa vinculada a caso Odebrecht, Meganoticias, 19 jul. 2022
•
Ídem,
con antecedentes de propiedad,
Estación Latina, 20 jul. 2022
•
Servel
frena licitación ante reclamos,
Interferencia, 2019
•
Cómo
se realiza el escrutinio de votos,
Radio Agricultura, 9 nov. 2021
•
Es
falso que el Servel no publicó las actas de 2025, CHV / AFP Factual, nov. 2025
•
Mesas
y colegios escrutadores, elección de 2023, Diario Constitucional, 3 abr. 2023
[1]
Odebrecht, el mayor conglomerado de construcción de Brasil, se declaró culpable
el 21 de diciembre de 2016 ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva
York. Admitió haber pagado unos US$788 millones en sobornos a funcionarios y
partidos de doce países (Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador,
Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela)
desde 2001, a cambio de más de cien contratos que le reportaron unos US$3.336
millones en ganancias. Los pagos se canalizaban a través de una “División de
Operaciones Estructuradas”, creada hacia 2006, que operaba como un departamento
de sobornos con presupuesto paralelo y cuentas en el exterior. La multa
acordada fue de US$4.500 millones, pero se redujo a unos US$2.600 millones
porque la empresa alegó no poder pagar más. Sumada la sanción a su filial
Braskem, el caso superó los US$3.500 millones, la mayor resolución por soborno
transnacional registrada hasta entonces. En Perú alcanzó a la constructora
Graña y Montero, socia de Odebrecht en obras como el Gasoducto Sur Peruano y la
carretera IIRSA Sur, que en 2020 pasó a llamarse Aenza y en 2021 firmó un
preacuerdo de colaboración eficaz por 480 millones de soles. Su exdirectivo
José Graña Miró Quesada reconoció delitos de corrupción. Su acuerdo fue
rechazado por el juez en septiembre de 2022, por desproporción entre el
beneficio y la información aportada, y luego aprobado en enero de 2023, con una
reparación civil de unos 40 millones de soles. Fuentes: U.S. Department of
Justice, “Odebrecht and Braskem Plead Guilty and Agree to Pay at Least $3.5
Billion in Global Penalties”, 21 de diciembre de 2016, https://www.justice.gov/archives/opa/pr/odebrecht-and-braskem-plead-guilty-and-agree-pay-least-35-billion-global-penalties-resolve;
Stanford Law School, FCPA Clearinghouse, “United States v. Odebrecht
S.A.”, https://fcpa.stanford.edu/enforcement-action.html?id=635;
“Exjefes de constructora peruana firman colaboración eficaz en caso Odebrecht”,
ABC Color (EFE), 9 de febrero de 2022; “Caso Odebrecht: judicial rechaza
acuerdo de colaboración eficaz de José y Hernando Graña”, Panamericana,
23 de septiembre de 2022; LP Derecho, 4 de enero y 25 de abril de 2023.
0 Comments:
Post a Comment