PRESUPUESTO 2027: LA CONTABILIDAD DE LA DESIGUALDAD Análisis crítico de quiénes ganan y quiénes pierden con el primer proyecto de Ley de Presupuestos del gobierno de José Antonio Kast

Marxel Claude: Documento de trabajo — Santiago, 21 de octubre de 2026

Sinopsis

El presente texto lee el Proyecto de Ley de Presupuestos 2027 del gobierno de José Antonio Kast no como un ejercicio técnico de “reconstrucción fiscal”, sino como una expresión de la correlación de fuerzas que decide quién paga, quién recibe y quién resulta prescindible. La tesis es que el proyecto opera una redistribución regresiva en cuatro dimensiones: desplaza recursos del Estado social al Estado penal; privilegia a los acreedores mediante el servicio de la deuda; sacrifica el futuro —ciencia, cultura, transición energética, prevención de desastres—, y exige austeridad a los de abajo mientras concede alivio tributario a los de arriba a través de la Ley de Reconstrucción Nacional.

Lo primero es despejar la cifra global. El crecimiento de 1,5% anunciado por el presidente se mide contra el gasto que se espera ejecutar en 2026; mas contra la ley aprobada por el Congreso para 2026, el alza es de 2,7%, superior al crecimiento de los dos últimos presupuestos de la administración anterior. Pese al recorte de 3% decretado en marzo, el Estado gastará en 2026 más de lo autorizado, de modo que el ajuste no redujo el gasto total, sino que lo reasignó desde los programas discrecionales —sociales, culturales, territoriales y científicos que el gobierno mantiene o elimina año a año en la Ley de Presupuestos, sin que una ley permanente los obligue— hacia obligaciones rígidas — comprometidas por leyes permanentes, contratos o derechos ya adquiridos y que el gobierno no puede reducir por decreto. El carácter regresivo del proyecto no reside, por tanto, en cuánto gasta, sino en cómo se reparte el gasto. La reconstrucción, partida por partida, del recorte de 2026 muestra además que el «3% parejo» fue desigual —desde un alza de 2,9% hasta una caída de 10,3% en Cultura— y, sobre todo, que el proyecto 2027 opera como un filtro: el aparato de justicia, seguridad y defensa, la infraestructura y la salud recuperan con creces lo recortado, mientras cultura, ciencia, energía, gobiernos regionales, agricultura, medio ambiente, mujer y desarrollo social ven consolidada o profundizada su pérdida, a veces encubierta por aumentos calculados sobre una base ya rebajada. Tampoco resiste el examen la metáfora presidencial del hogar que no gasta más de lo que ingresa: el gobierno pide endeudarse por hasta US$25.000 millones mientras reduce sus propios ingresos, de modo que el alivio tributario concedido hoy al capital lo financiarán mañana, vía deuda, todos los contribuyentes.

En segundo lugar, se examinan los ingresos. La Ley de Reconstrucción rebaja el impuesto a las utilidades de las empresas de 27% a 23% hacia 2029; restablece la integración total del sistema tributario permitiendo que los dueños de las empresas descuenten íntegramente los impuestos pagados por éstas de sus obligaciones tributarias como personas naturales; exime de impuesto a las ganancias bursátiles; y como las utilidades empresariales y las ganancias bursátiles se concentran en la cúspide de la escala de  ingresos, estas medidas constituyen, por construcción, una transferencia hacia los hogares más ricos. La misma lógica rige para los beneficios transitorios que la ley concede a la propiedad: la exención de IVA a la primera venta de viviendas nuevas, sin tope de valor ni de superficie, ahorra más a quien compra una vivienda más cara, y la rebaja a la mitad del impuesto a las donaciones entre herederos favorece a las familias con patrimonio suficiente para anticipar una herencia. Todo ello ocurre en sentido inverso a lo que recomienda la CEPAL y en un país de desigualdad extrema. Como sostiene Mark Blyth, la austeridad aparece como una elección distributiva en favor de ciertos grupos y no como una necesidad técnica.

En tercer lugar, se identifica a los ganadores. Primero, el aparato coercitivo cuyas cuatro partidas crecen en conjunto más del doble que el gasto total, mientras se desfinancian los dispositivos de prevención social de la violencia. Segundo, los acreedores, pues los intereses de la deuda interna constituyen el mayor aumento en pesos de todo el proyecto, lo que remite al tránsito hacia un Estado que termina consolidando una subordinación al mercado. Les siguen el capital constructor e inmobiliario; la salud, cuyo crecimiento es ambiguo, porque apenas cubre sus presiones de costo y coexiste con recortes en la operación hospitalaria, mayores compras de FONASA que pueden derivar hacia prestadores privados y una reducción de la Ley Ricarte Soto, y, como gasto de vitrina, el deporte asociado a un evento excepcional.

En cuarto lugar se identifica a los perdedores: las mujeres de sectores populares, con el cierre de Prodemu; los escolares vulnerables, con el fin de “Yo elijo mi PC” y la caída de la reactivación educativa; los pobres urbanos, con recortes en campamentos y subsidios de arriendo; los territorios y el pueblo mapuche, con la recentralización de la inversión regional y la desaparición del Plan Buen Vivir; el campesinado; la ciencia y la cultura; la prevención de desastres y la transición energética, y los trabajadores jóvenes, en un patrón que traslada el apoyo desde el trabajador hacia el empleador. La síntesis muestra que los recortes se concentran en programas de bajo monto y alta densidad social, irrelevantes para el equilibrio fiscal pero elocuentes en lo ideológico, porque señalan a quién se considera prescindible.

El texto confronta luego los mejores argumentos del gobierno —el estrés fiscal, la evaluación de programas, la convergencia tributaria con la OCDE y el crecimiento de salud y seguridad— y reconoce los límites del propio análisis, pero sostiene que la pregunta decisiva no es si ajustar o no, sino a quién se le hace pagar el ajuste. A la luz de James O’Connor, para quien la crisis fiscal nace de la brecha entre costos socializados y ganancias apropiadas privadamente, el proyecto no cierra esa brecha, sino que la ensancha por el lado de los ingresos y pretende cerrarla por el lado del gasto social, desplazando la crisis hacia las familias, hacia los contribuyentes futuros y hacia la legitimidad del orden, cuya erosión compensa con más coerción. Se trata, en suma, de un presupuesto con un claro sentido de clase, que en su tramitación define qué tipo de Estado —el que protege o el que castiga— se pretende consolidar en Chile.

Introducción: El presupuesto como esqueleto de los poderes fácticos.

Hace más de un siglo, en plena descomposición del Imperio austrohúngaro, Rudolf Goldscheid advirtió que el presupuesto es el esqueleto del Estado una vez despojado de todas sus narrativas engañosas, esto es, de aquellas que disfrazan su carácter de clase. Sostuvo, además, que el Estado moderno, privado de patrimonio propio y dependiente del impuesto y del crédito, habría sido en estricto rigor expropiado por las clases propietarias, a las que quedaría subordinado como deudor y, en consecuencia, operaría como un instrumento al servicio de esas clases hegemónicas[1]. Joseph Schumpeter, sin compartir sus conclusiones políticas, recogió la intuición metodológica y la convirtió en el programa de una sociología fiscal, para la cual la estructura social de un pueblo —reflejo de la distribución del poder real— y consecuentemente lo que su política efectivamente realiza, están escritos en su historia fiscal «despojada de toda retórica». Esa historia devela, por tanto, la distancia entre el discurso legitimador y los verdaderos beneficiarios de la recaudación y del gasto fiscal[2]. No se trata, pues, de buscar en las cuentas públicas el espíritu de una nación, sino algo más prosaico y revelador: la correlación de fuerzas que decide quién paga, quién recibe y a quién se considera prescindible. Es desde esta perspectiva y no desde la retórica de la «casa ordenada» con que el Ejecutivo presentó su proyecto, que se propone leer aquí el Proyecto de Ley de Presupuestos 2027, ingresado al Congreso Nacional el 30 de septiembre de 2026 por el gobierno del presidente José Antonio Kast y su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz[3].

A nuestro entender, el proyecto, lejos de ser un ejercicio técnico y neutral de «reconstrucción fiscal», opera como una redistribución regresiva del producto social que se despliega en cuatro aspectos coherentes entre sí: primero, un desplazamiento del Estado social hacia el Estado penal, en la medida en que crecen con fuerza las partidas de justicia, seguridad, defensa y persecución criminal mientras se contraen las de desarrollo social, mujer, cultura y territorio; segundo, una transferencia creciente de recursos públicos hacia el capital financiero, vía servicio de la deuda interna[4], que en el año 2027 absorbe más recursos adicionales que la atención primaria de salud; tercero, un sacrificio sistemático del futuro —ciencia, cultura, transición energética, prevención de desastres— en el altar del equilibrio contable del presente; y cuarto, una asimetría flagrante entre la austeridad exigida a los de abajo y la generosidad tributaria concedida a los de arriba mediante la Ley de Reconstrucción Nacional, promulgada el 9 de octubre, en plena discusión de este presupuesto.

El análisis se apoya en el monitoreo legislativo partida por partida del sitio PresupuestosKast.cl —que compara el proyecto tanto contra la base oficial de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), ya ajustada con los recortes de 2026, como contra la Ley 2026 que efectivamente aprobó el Congreso—[5], complementado con la prensa nacional de las últimas semanas y con la literatura crítica sobre austeridad, Estado penal y financiarización.

1. Una misma cifra, tres bases: 1,5% o 2,7%

Antes de entrar en la composición del gasto conviene despejar la confusión que rodea la cifra global, porque de su correcta lectura depende el sentido de toda la crítica. El presidente anunció un crecimiento de 1,5% y el ministro de Hacienda reconoció que, medido de otro modo, sería de 2,7%. Ambas cifras son verdaderas, porque el gasto propuesto para 2027 es uno solo; lo que cambia es la base para el año 2026 contra lo cual se hace la comparación. En rigor, existen tres bases posibles: la Ley 2026 aprobada por el Congreso en diciembre de 2025; la ley ajustada con los decretos de recorte del año 2026, que es la que usa el sitio PresupuestosKast.cl para comparar partida por partida; y la ejecución esperada de 2026, es decir, lo que efectivamente se terminará gastando, que es la base del 1,5% que usa el presidente.

La aritmética es sencilla: si se asigna un índice 100 a la Ley 2026 aprobada, que el gasto 2027 crezca 2,7% contra esa ley significa que el proyecto equivale a 102,7; ahora, que crezca un 1,5% contra la ejecución esperada de la Ley de Presupuesto aprobada para el 2026, significa que la ejecución no está por debajo de la ley como cabría esperar si hay recortes, sino por encima. En otras palabras, y aunque parezca paradójico, pese al recorte de 3% decretado en marzo, el Estado chileno terminará gastando en 2026 más de lo que el Congreso autorizó. El ministro Quiroz lo atribuyó a obligaciones que la ley de la administración anterior no habría provisionado adecuadamente, como el reajuste de remuneraciones del sector público y los costos de la reforma de pensiones; el exdirector de Presupuestos Matías Acevedo confirmó que el gasto esperado es mayor que la ley aprobada[6].

De ello se siguen dos consecuencias que conviene dejar establecidas con claridad. La primera es que el presidente, al anunciar un crecimiento de 1,5% evitó exagerar la expansión del gasto para 2027, usando la versión más modesta de las dos cifras disponibles. La opción parece deliberada, ya que un gobierno que ha hecho de la «emergencia fiscal» una consigna publicitaria, tiene más interés en aparecer gastando más bien poco que mucho, y esa imagen de austeridad parece dirigida menos a la ciudadanía que a los mercados financieros y a las agencias clasificadoras de riesgo, de cuyo juicio depende el costo de la deuda pública. La segunda es que la serie histórica del Monitoreo Legislativo compara ley contra ley, de modo que la cifra de crecimiento para 2027 no es el 1,5% sino el 2,7%, que es superior al 2,0% de 2025 y al 1,7% de 2026[7]. En consecuencia, acá hay una primera hipocresía política, pues el presupuesto proyectado por el gobierno de la austeridad fiscal es más expansivo que en los dos últimos años de la administración anterior. De esto se desprende que su carácter regresivo no está en cuánto gasta, sino en cómo reparte lo que gasta.

Es aquí donde aparece el verdadero problema. Si el gasto total de 2026 no cayó, el recorte de 3% no sirvió para gastar menos, sino para gastar en otra cosa: funcionó como un mecanismo de reasignación desde los programas discrecionales de los ministerios —que es donde viven precisamente los programas sociales, culturales, territoriales y científicos— hacia obligaciones rígidas como remuneraciones, pensiones e intereses de la deuda.

Ahora bien, las cifras del Monitor Legislativo permiten calcular, partida por partida, cómo se modificó la base 2026 respecto de lo que el Congreso había aprobado, y el resultado es elocuente: la base de Cultura quedó cerca de 10% por debajo de la ley; las de Obras Públicas, Economía, Justicia y Ciencia, entre 4% y 5%; las del Ministerio de la Mujer, Gobiernos Regionales y Desarrollo Social, alrededor de 3%; la de Salud, 1,4%. Solo unas pocas partidas, como Educación (+2,2%) y Ministerio Público (+2,9%), terminaron con una base superior a la ley, probablemente por obligaciones legales de remuneraciones y traspasos ya comprometidos[8]. El recorte de 2026, en suma, se ejecutó sobre la parte flexible del gasto social, mientras el gasto total seguía creciendo por otras vías; y el proyecto 2027 consolida esa recomposición como punto de partida.

1.1. El recorte de 2026, partida por partida

La fórmula expuesta en la nota metodológica sobre Cultura permite ir más allá de los ejemplos y reconstruir, para cada una de las treinta y tres partidas publicadas, cuánto y cómo cambió en 2026 lo que el Congreso había autorizado en diciembre 2025 y qué hace después con esa partida el proyecto 2027. El cuadro siguiente presenta el resultado y agrupa las partidas según su trayectoria en los dos momentos del ciclo presupuestario: los decretos de recorte de 2026 y la propuesta del Ejecutivo para 2027[9].

Cuadro. Rebaja de 2026 y trayectoria de cada partida en el Proyecto de Presupuestos 2027 (variaciones reales)

Fuente: elaboración propia a partir de PresupuestosKast.cl (Monitor Legislativo), octubre de 2026. (1) Rebaja neta de la ley 2026 ajustada por los decretos de recorte respecto de la ley aprobada por el Congreso. (2) Monto de esa rebaja, en miles de millones de pesos de 2027. (3) Variación del proyecto 2027 respecto de la ley ajustada (cifra oficial de DIPRES). (4) Variación acumulada del proyecto 2027 respecto de la ley aprobada para 2026 que equivale a la combinación de (1) y (3). Dentro de cada grupo, las partidas se ordenan según la magnitud de la rebaja de 2026.

Una primera constatación es que el recorte «parejo» de 3% no lo fue tanto. Las variaciones netas de 2026 oscilan entre un aumento de 2,9% (Ministerio Público) y una caída de 10,3% (Cultura), más del triple de lo anunciado (3%). En pesos, los mayores montos se restaron a Salud (cerca de $254 mil millones), al gasto propio del Tesoro Público ($250 mil millones) y a Obras Públicas ($216 mil millones); en términos proporcionales, las mayores caídas corresponden a Cultura (−10,3%), a la Secretaría General de Gobierno (−7,0%), a Relaciones Exteriores (−5,8%) y a un grupo de partidas que perdieron entre 4% y 5%, entre ellas Obras Públicas, Economía, Ciencia, Energía y Justicia. Educación es la única partida de gran tamaño cuya base aumentó (+2,2%, unos $373 mil millones), probablemente por obligaciones ya legisladas, como el traspaso de establecimientos a los Servicios Locales de Educación Pública.

Pero la constatación decisiva no está en el recorte de 2026 tomado aisladamente, sino en lo que ocurre después. Entre las partidas rebajadas en 2026, el proyecto 2027 traza una línea divisoria nítida. Para el aparato de seguridad, castigo y defensa, para la inversión en infraestructura y, en menor medida, para Salud, el recorte de 2026 fue un paréntesis: Justicia perdió 4,0% por decreto, pero el proyecto le añade 20,5% y la deja en un crecimiento de 15,7% por encima de lo que había aprobado el Congreso para 2026; Seguridad Pública pasa de una rebaja de 0,9% a un acumulado de +6,0%; Defensa, de −2,9% a +3,7%; Obras Públicas, de −4,8% a +3,7%; Salud, de −1,4% a +3,2%. Para las partidas que sostienen la cultura, la ciencia, la transición energética, los territorios, la agricultura, el medio ambiente, las mujeres y el desarrollo social, en cambio, el recorte de 2026 no se revierte: se consolida o se profundiza. Cultura suma a su rebaja de 10,3% una nueva caída de 10,1% y queda en 19,4% por debajo de lo aprobado por el Congreso para 2026; Energía, que perdió 4,0%, cae otro 11,8% y acumula −15,3%; Ciencia acumula −10,1%; Gobiernos Regionales, −7,7%; Economía, −7,5%, y Agricultura, −3,2%.

Dentro de este último grupo hay casos especialmente reveladores, porque muestran cómo la elección de la base de comparación puede ocultar una pérdida. Desarrollo Social y Familia, el Ministerio de la Mujer y Medio Ambiente aparecen en el proyecto con aumentos respecto de la base oficial de DIPRES, vale decir, respecto del presupuesto ajustado a la baja por los decretos de 2026 (+1,9%, +1,2% y +0,3%, respectivamente), cifras que el gobierno puede exhibir como crecimiento. Pero esos aumentos se calculan sobre una base ya recortada por decreto y no alcanzan a reponer lo perdido: las tres partidas quedan por debajo de lo que el Congreso aprobó para 2026 (−0,8%, −2,0% y −3,0%). Lo que se presenta como crecimiento es, en rigor, la reposición parcial de un recorte y que a fin de cuentas es un recorte presupuestario para esas partidas cuya finalidad es claramente de beneficio social.

Leído en sus dos momentos, el ajuste fiscal opera como un filtro. El recorte de 2026 alcanzó a casi todas las partidas, lo que permitió presentarlo como un esfuerzo compartido; pero el proyecto 2027 decide a cuáles se les restituye lo recortado y a cuáles no. Las que se recuperan con creces son las del orden, el castigo y la infraestructura; las que ven consolidada su pérdida son las de la reproducción social, el conocimiento y el territorio. El carácter transitorio o permanente del sacrificio, en suma, no se distribuyó al azar: siguió la misma línea divisoria entre ganadores y perdedores que recorre todo el proyecto.

Tampoco resiste el examen la metáfora con que el presidente presentó el proyecto: Chile como un hogar que no puede gastar más de lo que le ingresa. El propio gobierno hace exactamente lo contrario de lo que esa imagen prescribe. Por una parte, solicita autorización para endeudarse por hasta US$25.000 millones en 2027[10], es decir, para seguir gastando más de lo que recauda. Por otra, reduce sus propios ingresos al rebajar el impuesto a las utilidades de las grandes empresas. Trasladado al lenguaje doméstico, es como si una familia endeudada decidiera rebajarse el sueldo y cubrir la diferencia con más crédito, hipotecando sus ingresos futuros para pagar el capital y los intereses de esa deuda. El resultado es una transferencia de riqueza hacia el capital en el tiempo. El alivio tributario que hoy se concede a los dueños de las grandes empresas, sumado al aumento del gasto en partidas que benefician directamente al capital privado —como la inversión vial o los subsidios a la contratación que se pagan a los empleadores—, lo terminarán financiando mañana, vía deuda, todos los contribuyentes. Los intereses de esa deuda, a su vez, irán a parar a sus acreedores: bancos, compañías de seguros, fondos de inversión, administradoras de fondos de pensiones e inversionistas extranjeros. Entretanto, el ajuste se concentra en las partidas sociales. La disciplina doméstica, en suma, solo se aplica al gasto social; no rige ni para el endeudamiento ni para la recaudación que se resigna en favor del capital.

2. La mitad oculta del cuadro: ingresos y Ley de Reconstrucción

Ningún presupuesto puede evaluarse socialmente mirando solo el gasto. El 9 de octubre de 2026, cuatro días después de iniciada la discusión presupuestaria, el presidente promulgó la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, cuyo núcleo es la rebaja del Impuesto de Primera Categoría desde 27% a 25,5% en el año comercial 2027, 24% en 2028 y 23% en 2029, la primera reducción de la tasa corporativa desde 1990[11]. El mismo cuerpo legal restablece la integración total del sistema tributario, de modo que el impuesto corporativo vuelva a imputarse íntegramente a los impuestos personales de los propietarios[12]; exime de IVA la primera venta de viviendas nuevas sin tope de valor ni de superficie y rebaja a la mitad el impuesto a las donaciones[13].

La literatura sobre distribución del ingreso en Chile ha mostrado con insistencia que las rentas empresariales y del capital se concentran de manera extrema en el percentil superior de la distribución[14], de modo que toda rebaja del impuesto corporativo combinada con el mecanismo de la integración total que permite descontar los impuestos de las empresas es, por construcción, una transferencia de riqueza hacia los hogares de mayores ingresos. No es casual que la propia CEPAL, en su Panorama Fiscal 2026, recomiende a los países de la región exactamente lo contrario: fortalecer los sistemas tributarios, y en particular la tributación directa, como condición para financiar un desarrollo inclusivo en un contexto de espacio fiscal limitado y mayores costos de financiamiento[15].  En el caso de Chile, en donde el problema de la desigualdad está llegando a límites obscenos, es completamente improcedente una reforma tributaria como la que estamos analizando.   De acuerdo con el estudio titulado Metodología para la elaboración del indicador Sueldo Vital Crítico (SVC)[16], del Centro de Estudios para la Industrialización de la Universidad de Santiago (USACH) del año 2025, si se considera el ingreso potencial, derivado de la inversión de capital de los nueve hogares con mayor riqueza del país, correspondiente a la fracción más rica del 1% de mayor riqueza que, además, representa un segmento de la población cuya información de ingresos no es capturada por las encuestas socioeconómicas estándares; al integrar esta renta estimada en el cálculo del decil X de la Encuesta CASEN, el ingreso monetario promedio mensual de este decil ascendería a $137 millones aproximadamente, lo que contrasta severamente con el ingreso promedio del 10% más pobre que no supera los 300 mil pesos mensuales, tal como puede apreciarse en el gráfico a continuación:

Gráfico: Ingreso promedio del hogar por decil de ingreso autónomo per cápita, 2025, considerando ingresos de los 9 hogares más ricos según Forbes (Fuente: Briones y Zúñiga, 2025, sobre la base de la Encuesta CASEN 2022 y del Forbes/Bloomberg Billionaires Index, abril de 2024).

 

Se configura así lo que Mark Blyth ha llamado el carácter de clase de la austeridad: un ajuste que se presenta como sacrificio compartido de toda la nación, pero cuyos costos recaen sobre quienes dependen de los servicios públicos, mientras sus beneficios —estabilidad del valor de los activos, menores impuestos, acreedores bien servidos— se concentran en quienes poseen capital[17]. El presupuesto 2027 no puede leerse con independencia de esta reforma: el recorte de programas sociales de pequeño monto —que, como se verá, no ordena las cuentas fiscales— coexiste con una renuncia tributaria de magnitud estructural en favor del gran capital. La austeridad no es aquí una necesidad técnica, sino una elección distributiva en favor de los más ricos.

3. Quiénes ganan

3.1. El aparato coercitivo: del Estado social al Estado penal

El aparato estatal de seguridad, castigo y defensa —repartido en el presupuesto en cuatro partidas distintas— es uno de los grandes ganadores del proyecto. La que más crece, entre las partidas de monto relevante, es la de Justicia y Derechos Humanos, que comprende, entre otros servicios, Gendarmería, el Registro Civil, el Servicio Médico Legal y la Defensoría Penal Pública. Este ítem aumenta 20,5% real respecto de la base DIPRES y 15,7% respecto de la ley aprobada para 2026, quedando la partida de Justicia y Derechos Humanos en un total de $1,02 billones en el proyecto 2027. Le siguen Seguridad Pública, ministerio del que hoy dependen Carabineros y la Policía de Investigaciones (+7,0% respecto del presupuesto ajustado para 2026 y +6,0% respecto de la ley aprobada para 2026, quedando en $3,48 billones); Defensa Nacional (+6,8% respecto del presupuesto ajustado para 2026 y +3,7% respecto de la ley aprobada para 2026, quedando en $2,56 billones), y el Ministerio Público, encargado de la persecución penal (+5,0% respecto del presupuesto ajustado para 2026 y +8,0% respecto de la ley aprobada para 2026, quedando en $336 mil millones)[18]. Sumadas, estas cuatro partidas crecen 6,5% real respecto de la ley aprobada para 2026, más del doble que el gasto total del proyecto (2,7% sobre la misma base)[19]. En el detalle, la adquisición de equipos informáticos de la PDI, dentro de Seguridad Pública, aumenta 492%. Solo Salud y la inversión en obras públicas y vivienda muestran un dinamismo comparable.

Esta reorientación tiene nombre en la sociología contemporánea. Loïc Wacquant describió como «Estado centauro» la forma política del neoliberalismo maduro: liberal y permisivo hacia arriba, con los poseedores de capital, y paternalista y punitivo hacia abajo, con las poblaciones precarizadas por la retirada de la protección social[20]. La imagen se apoya en la figura mitológica del centauro: un ser con cabeza y torso humanos y cuerpo de caballo. Wacquant la usa para decir que el Estado neoliberal tiene dos naturalezas según a quién mire:

§  Hacia arriba, cabeza humana y liberal. Con los propietarios del capital y las clases acomodadas, el Estado es respetuoso, desregula, rebaja impuestos, confía en el mercado y no interviene.

§  Hacia abajo, cuerpo de bestia. Con los pobres, los precarizados y los marginados, el mismo Estado es paternalista y punitivo: vigila, condiciona las ayudas, encarcela y castiga.

La paradoja chilena es que este desplazamiento se produce mientras se recortan precisamente los dispositivos de prevención social de la violencia: la asignación «Ministerio Público – Plan Calle sin Violencia» desaparece de la Subsecretaría de Seguridad Pública en el detalle del proyecto (−$13 mil millones), aunque el gobierno ha sostenido que el programa continúa bajo el nombre de «Plan Foco»[21]; se suprime el Programa de Bienestar Socioemocional y Educación Integral, y se reduce en 48,5% la intervención en campamentos[22]. Se financia el castigo; se desfinancia la prevención.

3.2. Los acreedores: la deuda como primera prioridad

Entre todas las líneas presupuestarias que más aumentan en pesos, la primera no es un programa social ni una inversión productiva, sino los Intereses de la Deuda Interna del Tesoro Público, que crecen en $366 mil millones (+12,5% real). La cifra supera el aumento de la Atención Primaria de Salud (+$249 mil millones) y equivale, por sí sola, a unas diez veces el ahorro obtenido con la eliminación del programa de becas de acceso a TICs (−$36 mil millones)[23]. El dato es elocuente: en el primer presupuesto íntegramente elaborado por este gobierno, el servicio de la deuda es el destino preferente del gasto incremental.

Wolfgang Streeck nos permite caracterizar esta mutación como el tránsito del «Estado fiscal», financiado principalmente con impuestos, al «Estado deudor» financiado con endeudamiento y luego al “Estado de consolidación”. Al derivar en el Estado deudor, los gobiernos democráticos pasan a responder simultáneamente a dos públicos: el pueblo del Estado (Staatsvolk), que vota, y el «pueblo» del mercado (Marktvolk), que presta. En el Estado de consolidación, la lealtad hacia el segundo termina primando sobre las demandas del primero[24]. Que la deuda deba servirse es una obligación jurídica incuestionable; lo que sí es discutible es una arquitectura fiscal que, al mismo tiempo que incrementa y encarece el servicio de la deuda, renuncia a ingresos tributarios permanentes y traslada el ajuste a los programas de menor monto y mayor impacto social. La deuda, como observa Maurizio Lazzarato, no es solo una relación económica sino un dispositivo de control del comportamiento que disciplina a los Estados y, a través de ellos, a las personas[25].  El agravante es que al mismo tiempo que se incrementa el servicio de la deuda, se incrementa la deuda, lo que compromete el futuro considerablemente y subordina las decisiones políticas futuras a los intereses del capital financiero.

3.3. El capital constructor e inmobiliario

Obras Públicas crece 8,9% sobre la base DIPRES, con un aumento de $198 mil millones en proyectos de la Dirección de Vialidad, que por lo general se licitan a empresas constructoras privadas. Hay, con todo, una excepción que conviene consignar: la compra de maquinaria para que Vialidad conserve caminos con sus propios equipos aumenta 1.202,7%, unos $19 mil millones, una de las pocas líneas en que el proyecto fortalece la capacidad de ejecución directa del Estado[26]. Vivienda, por su parte, crece 5,8% sobre la base DIPRES, con un incremento de 508% en el Programa Habitacional Rural y nuevas asignaciones de reconstrucción en la zona norte. En sí mismas, estas inversiones pueden tener efectos sociales positivos, particularmente en empleo y en reparación de daños por desastres. Sin embargo, el mismo proyecto reduce en 17,1% los subsidios de arriendo[27], precisamente el instrumento que llega a las familias que no pueden acceder a la propiedad, mientras la Ley de Reconstrucción exime de IVA la venta de viviendas nuevas «sin tope de valor ni de superficie», beneficio que, por construcción, favorece proporcionalmente más a los compradores de mayor poder adquisitivo y al sector inmobiliario. La política habitacional se desplaza así desde el derecho a habitar hacia el estímulo a la propiedad y a la industria de la construcción.

3.4. Salud: una ganancia ambigua

Salud es la partida de mayor monto ($18,31 billones) y la que el gobierno exhibe como prueba de su compromiso social, con un crecimiento de 4,7% sobre la base DIPRES y de 3,2% sobre la ley aprobada para 2026. La diferencia de 1,5 puntos revela, una vez más, la importancia del recorte en 2026 en el sector. Por otra parte, el exministro Jaime Mañalich estimó que el presupuesto de Salud debía crecer entre 3,5% y 4% real solo para hacer frente a sus presiones de costo[28], de modo que, contra la ley aprobada, el crecimiento efectivo apenas alcanza el umbral de mantención. El senador Iván Flores advirtió en el mismo sentido que el 1,5% global planteado por José Antonio Kast sería insuficiente para los mayores costos de hospitales y consultorios[29].

El detalle de la partida de Salud obliga, sin embargo, a una lectura cautelosa de ese crecimiento. Aunque la partida en su conjunto aumenta, contiene la línea presupuestaria con la mayor reducción en pesos de todo el proyecto: los bienes y servicios de consumo del programa de Contingencias Operacionales caen en $492 mil millones, un 76,3%. Simultáneamente, aparecen 29 programas nuevos, uno en cada Servicio de Salud del país, por $305 mil millones. Es posible que una parte importante de lo que se resta en el programa central se haya trasladado a esos programas descentralizados, en cuyo caso se trataría de una reclasificación contable y no de un recorte. Aun así, la diferencia entre ambas cifras, cercana a $187 mil millones, no tiene contrapartida visible y podría traducirse en menos recursos para insumos, medicamentos y funcionamiento de los hospitales públicos. Por otra parte, la línea de «Provisión de Prestaciones Médicas» del Fondo Nacional de Salud crece 42%, en $301 mil millones. Como sabemos, FONASA no presta atención directamente, sino que la compra tanto a la red pública como a clínicas privadas, de modo que ese aumento puede significar más atenciones para los usuarios, pero también un mayor flujo de recursos públicos hacia prestadores privados. La tramitación debiera despejar ambas incógnitas: cuánto de la caída en operación hospitalaria es recorte efectivo, y qué proporción del aumento de FONASA terminará en el sector privado. Por último, el financiamiento de la Ley Ricarte Soto —que cubre tratamientos de alto costo para enfermedades capaces de quebrar a una familia— tendría $28.208 millones menos que en 2026[30], señal particularmente regresiva dentro de un sector que se presenta como ganador.

3.5. El espectáculo y lo excepcional

Deporte aparece como la partida que más crece en términos relativos (+39,8% sobre la base DIPRES y +34,2% sobre la Ley 2026 aprobada por el Congreso), pero el aumento se explica por la organización de las Olimpiadas Especiales de 2027 —la línea «Mundial Olimpiadas Especiales» crece 1.573%— y, excluyendo ese evento, la cartera quedaría cerca de 3% por debajo del año anterior[31]. Sin desmerecer la relevancia de un evento deportivo para personas con discapacidad intelectual, cabe advertir que el gasto de vitrina, acotado y visible[32], coexiste con la contracción del resto de la partida, que financia la actividad deportiva regular. También Bienes Nacionales registra un alza llamativa (+38%)[33]; aunque se trata de una partida pequeña, el proyecto no permite identificar a qué se destina el aumento, que debería transparentarse en la discusión, toda vez que la administración del patrimonio fiscal puede servir tanto a fines públicos como a la transferencia de activos hacia privados.

4. Quiénes pierden

4.1. Las mujeres de los sectores populares

El proyecto financia la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) solo hasta el 31 de marzo de 2027 y contempla recursos para su liquidación, indemnizaciones y cierre[34]. Se trata de la clausura de una institución con más de tres décadas de trabajo territorial con mujeres rurales y de sectores populares, a las que se sugiere ahora buscar donaciones o aportes privados para subsistir. A ello se suma que la partida del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género cae 2,0% real respecto de la ley aprobada en 2026. La perspectiva de Nancy Fraser permite comprender el alcance de esta decisión: el ajuste fiscal desplaza hacia los hogares —y dentro de ellos, hacia las mujeres— el trabajo de reproducción social que el Estado deja de sostener, profundizando lo que la autora denomina la «crisis de los cuidados»[35].

4.2. Niños, niñas y jóvenes en edad escolar

La partida de Educación, segunda en monto ($17,32 billones), no crece: su variación real sobre la base DIPRES es de 0,0%. El proyecto incluye cinco líneas nuevas, correspondientes a los Servicios Locales de Educación Pública de Antofagasta, Reloncaví, La Quebrada, Valle Cachapoal y Talagante, que suman más de $530 mil millones. Sin embargo, no se trata de recursos nuevos para la educación pública. Esos servicios reciben, por mandato de la ley, los colegios que hasta ahora administraban los municipios, y los fondos que se les asignan corresponden en su mayor parte a los que ya figuraban en el presupuesto anterior, en otras líneas, para financiar esos mismos colegios. Lo que cambia es quién los administra, no cuánto se destina a la educación. Bajo esa superficie, el proyecto elimina las Becas de Acceso a TICs —el programa «Yo elijo mi PC», que entrega computadores a estudiantes vulnerables de séptimo básico desde el gobierno de Michelle Bachelet (−$36 mil millones)—, el Programa de Bienestar Socioemocional, la contingencia para mantención de infraestructura escolar del Plan de Reactivación Educativa, y reduce la Subvención de Escolaridad en $87 mil millones. Los recursos del Plan de Reactivación Educativa —creado en 2023 para recuperar los aprendizajes, la asistencia y la convivencia escolar dañados por la pandemia— caen en conjunto 55,2%, unos $3.101 millones[36].

La eliminación de «Yo elijo mi PC» ilustra bien la lógica del ajuste: se aduce falta de impacto en aprendizajes medidos, pero se omite que el programa nunca tuvo como objetivo exclusivo el rendimiento en pruebas estandarizadas, sino reducir la brecha digital de los hogares pobres, cuestión que la pandemia reveló como condición elemental de ciudadanía educativa. Que el recorte haya sido cuestionado incluso por el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), y por Evelyn Matthei[37], revela que no se trata de una disputa entre izquierda y derecha, sino de la percepción transversal de que el ahorro obtenido es mínimo en relación con el daño simbólico y material infligido a las familias más pobres.

4.3. Los pobres urbanos: campamentos, arriendo y superación de la pobreza

Desarrollo Social y Familia cae 0,8% real respecto de la ley aprobada para 2026, se elimina el Fondo de Iniciativas para la Superación de la Pobreza (−$4,5 mil millones), la intervención en campamentos cae 48,5% y los subsidios de arriendo 17,1%[38]. Estas decisiones se toman en un contexto en el que, según el propio debate parlamentario, el desempleo constituye una preocupación central; el alcalde Sebastián Sichel —insospechable de radicalismo— reclamó que en tiempos de problemas de empleo no se pueden recortar los recursos que sostienen a quienes no tienen trabajo[39]. Recordemos además que ya en abril de 2026 Hacienda había ratificado un recorte de más de $32 mil millones en el Ministerio de Desarrollo Social que alcanzó a programas como Chile Crece Contigo, el ajuar para recién nacidos, INJUV y CONADI[40]. El presupuesto 2027 consolida, pues, una trayectoria y no un episodio aislado.

David Stuckler y Sanjay Basu documentaron, a partir de la evidencia comparada de la Gran Depresión, la transición postsoviética y la crisis de 2008, que no es la recesión en sí, sino la combinación de recesión con recortes de protección social, la que produce deterioros medibles en salud y mortalidad de las poblaciones más vulnerables[41]. Recortar programas de protección en un contexto de desempleo elevado es, conforme a esa evidencia, la peor combinación posible.

4.4. Los territorios y los pueblos

Gobiernos Regionales cae 4,8% sobre la base DIPRES y 7,7% respecto de la ley aprobada para 2026, con una reducción de $101 mil millones en inversión regional, en línea con lo que la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales había anticipado[42]. Se trata de una recentralización por la vía presupuestaria, a contrapelo del proceso de descentralización iniciado con la elección directa de gobernadores en 2021. A ello se suma el desfinanciamiento casi total —una caída de 86%, de $3.634 a $514 millones— del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, con el que los municipios ejecutan la Ley Cholito[43], lo que traslada a los municipios más pobres un costo que no pueden absorber.

La reducción más grande en esta categoría, sin embargo, es la desaparición de la línea «Infraestructura para el Buen Vivir» de la Dirección General de Obras Públicas, por $347 mil millones. El Plan Buen Vivir fue concebido como política de inversión y reparación en territorios de La Araucanía y el Sur con alta presencia de comunidades mapuche, de modo que su supresión —sin que el proyecto identifique un sustituto equivalente— tiene una lectura inequívoca: la cuestión mapuche vuelve a ser tratada principalmente como cuestión de orden público, en coherencia con el crecimiento de las partidas de seguridad, y no como una deuda histórica de inversión y reconocimiento. No es un hecho aislado, sino la repetición de una pauta antigua: los territorios indígenas reciben vigilancia antes que inversión, y sus habitantes son vistos como un problema de seguridad antes que como ciudadanos con derechos[44].

4.5. El campesinado

Agricultura cae 0,5% sobre la base DIPRES y 3,2% respecto de la ley aprobada para 2026. En el detalle, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) pierde íntegramente su asignación para emergencias (−100%) y se elimina su línea de Inversiones de Servicios de Asesoría Técnica (−$6,4 mil millones). INDAP es la principal herramienta de fomento de la pequeña agricultura campesina y la reducción de sus recursos para emergencias se produce en un país que ha enfrentado en los últimos años sequías, megaincendios y sistemas frontales de creciente intensidad, de lo que el propio proyecto da cuenta al incorporar fondos de reconstrucción para la zona norte.

4.6. Conocimiento, ciencia y cultura

Cultura es, proporcionalmente, la gran perdedora entre las partidas de mayor tamaño: cae 10,1% sobre la base DIPRES y 19,4% respecto de la ley aprobada para 2026, y la transferencia que la Subsecretaría de las Culturas realiza a la Dirección de Arquitectura del MOP —destinada a inversión en obras, presumiblemente de infraestructura cultural— cae 96,9%, unos $11 mil millones. Ciencia y Tecnología cae 6,4% real respecto de la base DIPRES y 10,1% respecto de la ley aprobada para 2026, quedando en $545 mil millones[45], con un recorte de casi 82% en el Fondo de Equipamiento Científico y Tecnológico (Fondequip) y de 8% en Becas Chile[46]; el rector de la Pontificia Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, solicitó al Congreso no aprobar el presupuesto de universidades en los términos presentados, señalando que le resultaba difícil identificar qué objetivo de política pública perseguía[47].

Mariana Mazzucato ha demostrado que las grandes innovaciones tecnológicas que el discurso neoliberal atribuye al genio del mercado descansan, en realidad, sobre décadas de inversión pública paciente en ciencia básica[48]. Recortar ciencia en un país que invierte en investigación y desarrollo una fracción muy inferior al promedio de la OCDE no es austeridad, sino renuncia al futuro: se condena a la economía a seguir dependiendo de la exportación de recursos naturales sin elaborar, es decir, a reproducir la condición periférica que la tradición estructuralista de Prebisch identificó hace setenta años como raíz del subdesarrollo latinoamericano[49].

4.7. La naturaleza y la prevención

Medio Ambiente cae 3,0% real respecto de la ley aprobada para 2026, quedando en $99 mil millones. Energía cae 11,8% respecto de la base DIPRES y 15,3% respecto de la ley aprobada, quedando en $137 mil millones, y desaparece el programa de Transición Energética Justa (−$6,8 mil millones), destinado precisamente a acompañar a los territorios y trabajadores afectados por el cierre de termoeléctricas a carbón. El Programa de Gestión del Riesgo de Desastres de Senapred queda en $584 millones, una caída real de 32,6% respecto de lo aprobado para 2026[50]. La contradicción es flagrante: el mismo presupuesto que incorpora fondos de reconstrucción tras incendios y sistemas frontales recorta la prevención que permitiría reducir el costo de la próxima catástrofe. Se paga más tarde, y más caro, lo que se ahorra hoy, pero lo pagan otros: las comunidades expuestas.

4.8. Los trabajadores jóvenes

Trabajo y Previsión Social crece apenas 0,8% respecto de la ley aprobada en 2026. Se elimina el Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes (−$6,7 mil millones), que apoyaba las cotizaciones de quienes ingresan al mercado laboral, mientras crecen el Subsidio Unificado de Empleo de la Ley N.º 21.808 (+$76 mil millones), transferido al sector privado, y el Programa de Formación en el Puesto de Trabajo (+592,7%), ejecutado por instituciones privadas. El patrón es nítido: se retira el apoyo directo al trabajador y se amplía la transferencia al empleador y a los organismos de capacitación, en sintonía con la reducción, en la Ley de Reconstrucción, de la franquicia tributaria Sence[51]. La política laboral se reconfigura como subsidio a la demanda empresarial de trabajo, no como protección del trabajador.

5. Síntesis: el mapa de la redistribución

El siguiente cuadro resume las principales variaciones reales del proyecto según quién gana y quién pierde. Se indican, cuando corresponde, ambas comparaciones: contra la base DIPRES (ajustada con los recortes de 2026) y contra la ley aprobada por el Congreso para 2026.

Fuente: elaboración propia a partir de PresupuestosKast.cl (octubre de 2026) y prensa citada en las notas.

Leído en conjunto, el cuadro revela una regularidad que no puede atribuirse al azar ni a la sola necesidad de equilibrio fiscal: los recortes se concentran en programas de bajo monto y alta densidad social —mujeres, niños, campamentos, campesinos, municipios, cultura—, cuyo ahorro agregado es marginal en un presupuesto de $91,2 billones, mientras los aumentos se concentran en el aparato coercitivo, en el servicio de la deuda y en la infraestructura, y la renuncia tributaria favorece al capital. Como observó el columnista Danilo Herrera, los recortes son pequeños en monto y no ordenan la cuenta fiscal, pero dicen mucho de lo que el gobierno decidió que se puede soltar[52]. Es justamente porque su efecto fiscal es irrelevante que su valor es ideológico: señalizan a quién se considera prescindible.

6. Contrapunto: los argumentos del gobierno y los límites de este análisis

Un análisis crítico que aspire a ser riguroso debe confrontar los mejores argumentos de la posición contraria. El gobierno sostiene, en primer lugar, que Chile enfrenta una situación de estrés fiscal genuina: diversos análisis estimaban, al inicio de la administración, un déficit estructural superior al 3% del PIB y una deuda bruta del Gobierno Central cercana al 40% del Producto Interno Bruto[53], y la propia CEPAL advierte que la combinación de déficits persistentes y altos niveles de deuda restringe la capacidad de los Estados para atender demandas sociales[54]. En segundo lugar, el Ejecutivo argumenta que no recorta beneficios sociales, sino programas mal evaluados, y que cada peso recuperado se destinará a los más vulnerables, en palabras del propio presidente[55]. En tercer lugar, sus defensores sostienen que la rebaja del impuesto corporativo acerca la carga chilena al promedio OCDE y estimulará la inversión y el empleo, de modo que sus efectos sociales serían positivos en el mediano plazo. Y, finalmente, Salud y Seguridad —dos demandas ciudadanas prioritarias— efectivamente crecen.

Es preciso reconocer, además, varias limitaciones del análisis aquí expuesto. Algunas caídas son cíclicas o técnicas y no reflejan decisiones de política: la reducción del Servicio Electoral responde a que 2027 no es año electoral; el aumento de Deporte, a un evento único; parte de los movimientos en Salud y Tesoro Público pueden obedecer a reclasificaciones entre subtítulos. Las cifras por línea provienen de un monitor independiente y no de la publicación oficial de DIPRES, y en varios casos distintas fuentes informan porcentajes diferentes para una misma partida. Por último, se trata de un proyecto: la ley que finalmente apruebe el Congreso a fines de noviembre podrá reponer partidas, como el propio gobierno ya insinuó respecto de «Yo elijo mi PC».

Ninguna de estas salvedades, sin embargo, altera la conclusión de fondo. Aun concediendo la necesidad de consolidación fiscal (reducir el déficit y estabilizar la deuda pública), la pregunta decisiva no es si se debe ajustar o no, sino a quién se le hace pagar el ajuste, y el proyecto responde a esa pregunta con meridiana claridad: mientras renuncia a ingresos permanentes provenientes de las utilidades de las grandes empresas, exige el sacrificio a las mujeres pobres, a los escolares vulnerables, a los campesinos, a los territorios y a la ciencia. Si el argumento de la evaluación de programas fuese el verdadero criterio, cabría esperar la misma severidad evaluativa sobre el gasto tributario —exenciones, franquicias, regímenes especiales—, que en el caso chileno representa sumas muy superiores a las de todos los programas recortados juntos y que, sin embargo, la Ley de Reconstrucción amplió en lugar de revisar.

Conclusión. El presupuesto como programa de clase

James O’Connor sostuvo, a comienzos de los años setenta, que el Estado capitalista debe cumplir dos funciones a menudo contradictorias: asegurar las condiciones de rentabilidad del capital (la función de acumulación) y preservar la armonía social (la función de legitimación). A la primera corresponde lo que llamó «capital social»: la infraestructura, la investigación y los servicios que elevan la productividad y abaratan la reproducción de la fuerza de trabajo. A la segunda, los «gastos sociales», categoría en la que incluyó tanto la asistencia a quienes el propio proceso de acumulación deja al margen como la policía, las cárceles y el aparato militar, porque el orden se sostiene tanto mediante el consenso como mediante el ejercicio de la fuerza[56]. De esa doble función nace lo que O’Connor denominó la crisis fiscal del Estado, que no debe confundirse con un simple déficit ni con un exceso de gasto. Es más bien una contradicción estructural: el Estado socializa una proporción creciente de los costos de la acumulación, mientras las ganancias que esos gastos hacen posibles se apropian privadamente. Como el capital dispone del poder político para resistir su tributación —obtiene exenciones, amenaza con desplazar sus inversiones—, los gastos tienden a crecer sistemáticamente más rápido que los ingresos que el Estado logra extraerle, y la carga recae sobre los trabajadores y las capas medias. Para la ortodoxia económica, el déficit revela un Estado que gasta demasiado y se corrige con austeridad; para O’Connor revela un Estado que paga los costos del capital sin poder cobrarle en proporción, de modo que la austeridad no resuelve la crisis, sino que decide quién la paga. El Presupuesto 2027 constituye una ilustración elocuente de esa tesis. El gobierno diagnostica una «emergencia fiscal» en términos estrictamente ortodoxos, como exceso de gasto, y responde a ella no solo descartando aumentar la contribución del capital, sino reduciéndola: rebaja el impuesto a las utilidades, restablece la integración tributaria y exime de impuestos a las ganancias bursátiles. Ensancha así la brecha por el lado de los ingresos y pretende cerrarla por el lado del gasto social, cubriendo con deuda lo que no alcanza. La crisis no se resuelve, sino que se desplaza hacia las familias que pierden prestaciones, hacia los contribuyentes futuros que pagarán la deuda y sus intereses, y hacia la legitimidad misma del orden, cuya erosión se compensa con más policía, más cárceles y más persecución penal. Es la respuesta que Wolfgang Streeck caracterizó como propia del «Estado de consolidación»: sanear las cuentas ante los acreedores sin tocar a quienes concentran la riqueza[57].

Sin temor a equivocarse, puede sostenerse entonces que el primer presupuesto del gobierno de Kast no es simplemente un presupuesto austero, sino un presupuesto con un claro sentido de clase: no ordena las cuentas fiscales a costa de todos, sino que reordena el Estado en favor de unos pocos. Lo que está en juego en su tramitación no es una décima de crecimiento del gasto, sino la definición de qué tipo de Estado —el Estado social que protege o el Estado centauro que castiga— se pretende consolidar en Chile para los próximos años. La responsabilidad del Congreso, en las semanas que restan hasta fines de noviembre, cuando vence el plazo constitucional para despacharlo, es precisamente impedir que la contabilidad se convierta en la coartada técnica de una opción política que nunca se sometió como tal al juicio ciudadano.

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El Dínamo (6 oct. 2026). “Presupuesto 2027: el control de daños de La Moneda”. https://www.eldinamo.cl/politica/2026/10/06/presupuesto-el-control-de-danos-de-la-moneda/

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T13 (9 mar. 2026). “Equipo económico de José Antonio Kast propone recorte de 3% en ministerios”. https://www.t13.cl/noticia/politica/equipo-economico-jose-antonio-kast-propone-recorte-3-ministerios-9-3-2026

T13 (6 oct. 2026). “Presupuesto 2027 de la Ley Cholito sufre recorte de 86%”. https://www.t13.cl/noticia/nacional/reduccion-al-programa-mascotas-presupuesto-2027-ley-cholito-sufre-recorte-86-6-10-2026

The Clinic (10 oct. 2026). “Columna de Danilo Herrera: el cuento del tío”. https://www.theclinic.cl/2026/10/10/columna-de-danilo-herrera-el-cuento-del-tio/

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[1]Rudolf Goldscheid (1870-1931), sociólogo austríaco de orientación socialista, fundador junto a Schumpeter de la Finanzsoziologie o sociología fiscal. En Staatssozialismus oder Staatskapitalismus (Viena, 1917) diagnosticó un “Estado pobre” frente a una riqueza privada concentrada y propuso su “recapitalización”, es decir, la recuperación de un patrimonio público propio.

[2]Joseph A. Schumpeter, Die Krise des Steuerstaates (Graz-Leipzig, 1918), en castellano “La crisis del Estado fiscal”, Hacienda Pública Española, n.º 2, 1970. Sobre la sociología fiscal contemporánea, véanse J. L. Campbell, “The State and Fiscal Sociology”, Annual Review of Sociology, 19, 1993, pp. 163-185; e I. W. Martin, A. K. Mehrotra y M. Prasad (eds.), The New Fiscal Sociology, Cambridge University Press, 2009.

[3]La retórica en cuestión dice relación con la imagen del presupuesto nacional como un hogar que no puede gastar más de lo que ingresa fue usada por el presidente en cadena nacional y recogida críticamente por la oposición; véase Emol, "Oposición cuestiona Presupuesto 2027 y pone el foco en el 1,5% de aumento y el mayor endeudamiento", 5 de octubre de 2026.

[4] La deuda interna es la que el Fisco contrae en el mercado chileno, sobre todo mediante bonos de la Tesorería en pesos o en UF. Sus tenedores son principalmente inversionistas institucionales locales: AFP, bancos, compañías de seguros y fondos mutuos. También la compran inversionistas extranjeros que operan en el mercado local.

[5]PresupuestosKast.cl, "Ley de Presupuestos 2027. Monitoreo legislativo", consultado en octubre de 2026.  Todas las variaciones porcentuales por partida que se citan en este trabajo son reales y provienen de esa fuente, salvo indicación expresa. La columna "DIPRES" compara contra la Ley 2026 ajustada con los decretos de recorte del año; la columna "Ley aprobada" compara contra lo que el Congreso autorizó en diciembre de 2025.

[6]Emol (01/10/2026) nota sobre las explicaciones de Quiroz (https://www.emol.com/noticias/Economia/2026/10/01/1212986/presupuesto-quiroz-oposicion.html), donde el ministro precisa que el alza es de 1,5% respecto de lo ejecutado este año y de 2,7% respecto del presupuesto aprobado. El plan de consolidación fiscal del gobierno contempla una reducción total del gasto de US$6.000 millones, dividida en dos etapas de US$3.000 millones cada una. La primera se aplica en 2026, mediante un recorte de 3% del gasto bruto de cada ministerio, ordenado por un instructivo del Ministerio de Hacienda. La segunda se incorpora en el Presupuesto 2027. A la primera etapa se suma un recorte de US$800 millones que ya había comprometido la administración de Gabriel Boric, de modo que el ajuste efectivo de 2026 alcanza los US$3.800 millones. Véanse Diario Financiero: “Hacienda acelera ajuste fiscal”, 16 de marzo de 2026; y “El ajuste es ineludible”, 9 de marzo de 2026.

[7]Según la serie de DIPRES recogida por PresupuestosKast.cl, el crecimiento real del presupuesto aprobado respecto de la ley del año anterior fue de 3,2% en 2019, 4,5% en 2020, 9,5% en 2021, 3,7% en 2022, 4,2% en 2023, 3,5% en 2024, 2,0% en 2025 y 1,7% en 2026.

[8]Cálculo propio a partir de las cifras de PresupuestosKast.cl Monitor Legislativo. Para cada partida ese sitio informa cuánto crece el proyecto 2027 respecto de dos montos distintos para 2026: el que fijó la ley que aprobó el Congreso para 2026 y el que se configura con ese mismo monto, pero modificado con los recortes del año 2026. Con ambas variaciones se puede reconstruir cómo cambió, durante 2026, la autorización de gasto para cada partida. En el caso de Cultura, el proyecto 2027 asigna $441 mil millones. Si esa cifra es 19,4% inferior a la ley aprobada para 2026, en dicha ley el monto asignado a esa partida era de $547,1 mil millones (441 ÷ 0,806). Si es 10,1% inferior a la ley ajustada, esta última quedó en $490,5 mil millones (441 ÷ 0,899). La diferencia, cerca de $57 mil millones, equivale a una rebaja real de 10,3% en el presupuesto de cultura para 2026 respecto de la ley aprobada para ese año ((490,5 ÷ 547,1) − 1). Es la rebaja neta que los decretos de 2026 impusieron a lo que el Congreso había autorizado para Cultura, antes de que el proyecto 2027 añadiera su propia reducción. En términos generales, si el proyecto crece d% contra la ley ajustada y l% contra la ley aprobada (ambas variaciones expresadas como decimales y con su signo), la rebaja buscada y proyectada para 2026 se calcula como ((1 + l) ÷ (1 + d)) – 1, y corresponde a la variación autorizada para el gasto de 2026, en términos reales, y no la del gasto efectivamente ejecutado. Advertencia metodológica: en algunos pasajes este trabajo suma o agrega cifras de varias partidas, como el crecimiento conjunto de las partidas de seguridad, justicia y defensa, o la suma de las rebajas de 2026. Esos agregados deben leerse como aproximaciones, y su comparación con las cifras oficiales del presupuesto, como indicativa, por dos razones. La primera es que no miden el crecimiento contra la misma base: las cifras de PresupuestosKast.cl comparan cada partida con la Ley 2026 (aprobada o ajustada por los recortes), mientras que el 1,5% anunciado por el presidente compara el total con lo que se espera gastar efectivamente en 2026. La segunda es que las partidas publicadas no cubren todo el gasto: suman cerca de $89,3 billones de un total de $91,2 billones, y el Tesoro Público, que no es un ministerio sino la caja central del Fisco desde la cual se pagan los intereses de la deuda y se transfieren recursos a otros organismos del Estado, aparece solo con lo que ese sitio denomina su “gasto propio”.

[9]Cálculo propio a partir de las variaciones reales por partida informadas por PresupuestosKast.cl (Monitor Legislativo), según el método descrito en la nota metodológica anterior sobre Cultura. Los montos están expresados en miles de millones de pesos de 2027 y se derivan del monto de cada partida en el proyecto. Como el sitio informa variaciones redondeadas a un decimal y montos también redondeados, los resultados tienen un margen de error de alrededor de una décima de punto porcentual, mayor en las partidas pequeñas; por ello, las variaciones cercanas a cero (Vivienda, Poder Judicial, Contraloría) deben leerse como ausencia de recorte. Algunas variaciones responden a factores cíclicos o excepcionales y no a decisiones de política: la caída del Servicio Electoral obedece a que 2027 no es año electoral, y los aumentos de Deporte y Bienes Nacionales, a eventos o programas puntuales. Por último, la suma neta de las rebajas de 2026 en las partidas publicadas equivale a cerca de $965 mil millones, cifra inferior a los US$3.000 millones anunciados para el ajuste de ese año; la diferencia puede deberse a que esas partidas no cubren todo el gasto y a que la ley ajustada incorpora también suplementos, por lo que ese agregado no debe tomarse como medida del ajuste total.

[10]Pauta, "Presupuesto 2027: Gobierno solicita autorización para endeudarse por hasta US$25.000 millones en 2027", octubre de 2026. La autorización de endeudamiento es un límite máximo y no equivale necesariamente a deuda neta nueva, pues incluye refinanciamiento de vencimientos.

[11]Emol, “Se promulga la Ley de Reconstrucción: el calendario de las medidas”, 9 de octubre de 2026. El Impuesto de Primera Categoría (IDPC) es el tributo que grava las utilidades de las empresas en Chile. En un sistema integrado, vale decir, lo que la empresa paga por ese concepto se descuenta de los impuestos personales de sus dueños (el Global Complementario, para residentes, o el Adicional, para no residentes). El IDPC opera como un anticipo de esos impuestos como personas naturales, y la empresa —en tanto persona jurídica distinta de sus dueños— no tiene en estricto rigor una carga tributaria propia y definitiva. El sistema integrado tiene, sin embargo, un efecto distributivo decisivo, que se entiende mejor con un ejemplo. Supóngase que una empresa obtiene utilidades por $100 y que su dueño pertenece al tramo más alto del impuesto personal (Global Complementario), cuya tasa es de 40%. Cuando la tasa del IDPC llegue a 23% en 2029, la empresa pagará $23. Si el dueño retira las utilidades deberá pagar $40 de impuesto personal, pero descontará los $23 ya pagados por la empresa, de modo que solo pagará $17 adicionales, y la carga total, sumando empresa y dueño, será de $40. Si, en cambio, deja las utilidades dentro de la empresa o las traspasa a una sociedad de inversión, esos $17 no se pagan mientras no haya retiro, lo que puede postergarse indefinidamente. La carga efectiva final que se paga por esos $100 quedaría entonces solo en un 23%, muy por debajo del 40% que le correspondería, lo que en la práctica equivale a una rebaja de impuestos para los tramos más altos de ingresos provenientes de utilidades empresariales. Esta posibilidad solo está al alcance de quienes no necesitan retirar sus ganancias para vivir, es decir, de los contribuyentes de mayores ingresos. Cada punto en que se rebaja el IDPC amplía directamente esa ventaja.

[12]Desde la reforma tributaria de 2014 (Ley N.º 20.780, modificada por la Ley N.º 20.899 de 2016), Chile tenía un régimen “semi-integrado”. Es decir, los dueños de las empresas podían descontar de sus impuestos personales el Impuesto de Primera Categoría (IDPC) pagado por sus empresas, pero debían restituir al Fisco el 35% de ese crédito, de modo que en la práctica solo descontaban el 65% del impuesto pagado por sus empresas. La Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, promulgada el 9 de octubre de 2026, elimina gradualmente esa restitución. Se mantiene en 35% para los créditos generados hasta 2026, baja a 30% para los de 2027 y a 20% para los de 2028, y desaparece para las utilidades generadas desde 2029. A partir de entonces, el impuesto pagado por la empresa podrá descontarse en un 100% de los impuestos personales de sus dueños: el Global Complementario, para los residentes, y el Impuesto Adicional, para los no residentes. La ley elimina además la diferencia de trato entre inversionistas extranjeros de países con y sin convenio de doble tributación con Chile. Hasta ahora, solo los primeros estaban eximidos de la restitución y podían descontar el 100% del impuesto pagado por la empresa, de modo que para ellos el sistema ya era, en la práctica, totalmente integrado. Con la reforma, ese tratamiento se extiende a todos los propietarios —residentes en Chile e inversionistas extranjeros de cualquier país—, que podrán descontar íntegramente el impuesto corporativo. La igualdad se alcanza, pues, generalizando el régimen más favorable para todos. La reintegración fue aprobada en la Cámara de Diputados el 20 de mayo de 2026, por 82 votos contra 71, y en el Senado el 16 de julio, por 26 votos contra 24. La misma ley fija en 0% el impuesto único sobre las ganancias de capital obtenidas en la venta de acciones, cuotas de fondos y otros instrumentos con presencia bursátil, para las operaciones realizadas desde el 1 de enero de 2027. Ese impuesto había sido establecido en 10% por la Ley N.º 21.420, de febrero de 2022. Véanse Emol, “Se aprueba el corazón de la megarreforma”, 20 de mayo de 2026; The Clinic, “Megarreforma: Senado aprueba rebaja del impuesto corporativo, reintegración tributaria y la exención del pago de contribuciones para mayores de 65 años”, 16 de julio de 2026; Emol, nota sobre el artículo 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, 8 de agosto de 2026; El Dínamo, “La Ley de Reconstrucción y el beneficio tributario que tendrá que esperar”, 13 de octubre de 2026; y Emol, “Se promulga la Ley de Reconstrucción: el calendario de las medidas”, 9 de octubre de 2026. Las fechas de aplicación deben verificarse contra el texto publicado en el Diario Oficial.

[13]Emol, 9 de octubre de 2026, cit.

[14]López, R., Figueroa, E. y Gutiérrez, P., "La parte del león: nuevas estimaciones de la participación de los súper ricos en el ingreso de Chile", Serie Documentos de Trabajo, n.º 379, Departamento de Economía, Universidad de Chile, 2013. Los autores estiman que, considerando las utilidades retenidas en las empresas, la participación del 1% más rico en el ingreso nacional chileno se ubica entre las más altas del mundo.

[15]Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2026: fortalecimiento de los sistemas tributarios para financiar un desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible, Santiago, CEPAL, 2026. La CEPAL es el organismo regional de Naciones Unidas para el desarrollo económico de la región, con sede en Santiago; el informe fue presentado en el XXXVIII Seminario Regional de Política Fiscal, 4 al 6 de mayo de 2026.

[16] Jazmina Briones Salas y Pablo Zúñiga Calisto, Metodología para la elaboración del indicador Sueldo Vital Crítico (SVC). Informe final, Santiago, Centro de Estudios e Investigación Aplicada a la Industrialización y la Gestión de las Riquezas Naturales (CEI), Universidad de Santiago de Chile, 2025. El estudio propone el Sueldo Vital Crítico, definido como el ingreso mensual mínimo para que un hogar de cuatro personas sostenga condiciones básicas de bienestar. Lo construye a partir de una canasta de ocho dimensiones de gasto, tomada del umbral de satisfacción de la Fundación Terram (2002) y actualizada con la Encuesta de Presupuestos Familiares y el IPC del INE. Estima el SVC en $1.576.390 líquidos a mayo de 2025, cifra que solo superarían los hogares de los deciles IX y X de la Encuesta CASEN 2022, es decir, cerca del 20% de la población. Para corregir la subdeclaración de ingresos de los más ricos, agrega al decil X la rentabilidad estimada del patrimonio de los nueve hogares más ricos del país según Forbes y Bloomberg, con lo que el ingreso promedio de ese decil ascendería a unos $137 millones.

[17]Mark Blyth (1967), economista político escocés, profesor en Brown University. Su obra Austeridad. Historia de una idea peligrosa (Barcelona, Crítica, 2014; orig. Austerity: The History of a Dangerous Idea, Oxford University Press, 2013) reconstruye la genealogía intelectual de la austeridad y sostiene que su aplicación es distributivamente asimétrica: quienes están en la parte baja de la distribución pagan el ajuste, mientras quienes están arriba son protegidos por él.

[18] PresupuestosKast.cl, cit. Otras fuentes de prensa informan un crecimiento de 9,1% para Seguridad, probablemente por diferencias de cobertura o de base de comparación; véase Pauta, 5 de octubre de 2026, cit. Se consignan ambas cifras ante la discrepancia.

[19] Cálculo propio a partir de los montos y variaciones de PresupuestosKast.cl para las cuatro partidas. La comparación con el 2,7% del gasto total es aproximada, porque las partidas de ese sitio no cubren la totalidad del gasto.

[20]Loïc Wacquant (1960), sociólogo francés, discípulo de Pierre Bourdieu y profesor en la Universidad de California, Berkeley. Desarrolla la tesis del desplazamiento del Estado social al Estado penal en Las cárceles de la miseria (Buenos Aires, Manantial, 2000) y, de modo sistemático, en Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social (Barcelona, Gedisa, 2010), donde acuña la imagen del Estado "centauro".

[21]Pauta, "Calles sin Violencia pasa a llamarse Plan Foco: Gobierno asegura continuidad de recursos para 2027", octubre de 2026. Corresponde verificar en la tramitación si la reasignación es íntegra o parcial.

[22]El Mostrador, "El ajuste de Quiroz choca con el Congreso", 7 de octubre de 2026.

[23] Es el nombre técnico, en el presupuesto, del programa conocido como “Yo elijo mi PC”. TIC significa Tecnologías de la Información y la Comunicación.

[24]Wolfgang Streeck (1946), sociólogo alemán, director emérito del Instituto Max Planck para el Estudio de las Sociedades de Colonia. Comprando tiempo. La crisis pospuesta del capitalismo democrático (Buenos Aires, Katz, 2016; orig. Gekaufte Zeit, Suhrkamp, 2013).

[25]Maurizio Lazzarato (1955), sociólogo y filósofo italiano radicado en Francia. La fábrica del hombre endeudado. Ensayo sobre la condición neoliberal (Buenos Aires, Amorrortu, 2013).

[26] Es un aumento importante para esa línea, pero pequeño dentro de un presupuesto de $91,2 billones. Se refiere a mantenimiento de caminos; administración directa por cuadrillas y maquinarias propias de la Dirección de Vialidad del MOP; compra de maquinaria: motoniveladoras, rodillos, camiones, retroexcavadoras.

[27]El Mostrador, 7 de octubre de 2026, cit.: reducción de $21.449 millones.

[28]Pauta, "Mañalich estima que el presupuesto de Salud 2027 deberá crecer entre 3,5% y 4% real", octubre de 2026.

[29]El Mostrador, 7 de octubre de 2026, cit.

[30]El Dínamo, "Presupuesto 2027: el control de daños de La Moneda", 6 de octubre de 2026, que recoge la advertencia de la bancada del Partido de la Gente; The Clinic, "Columna de Danilo Herrera: el cuento del tío", 10 de octubre de 2026. La Ley N.º 20.850 (2015), conocida como Ley Ricarte Soto, crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo.

[31]Emol, 11 de octubre de 2026, cit.

[32] Acotado pues se concentra en un solo evento y en un año determinado, las Olimpiadas Especiales de 2027 y visible porque tiene impacto mediático, con ceremonias, competencias y cobertura de prensa. Permite al gobierno mostrar un aumento llamativo en Deporte (+39,8%).

[33] El +38% de Bienes Nacionales es la variación real respecto de la base DIPRES. Respecto de la ley aprobada para 2026 es +32,2%. La partida queda en $54 mil millones, una de las más pequeñas del presupuesto, y tuvo un recorte de −4,2% durante 2026.

[34]Emol, 11 de octubre de 2026, cit.; El Mostrador, 7 de octubre de 2026, cit. Prodemu fue creada en 1990 bajo el impulso de Leonor Oyarzún, primera dama del gobierno de Patricio Aylwin, y trabaja con mujeres de sectores populares y rurales en la promoción de su autonomía económica y sus derechos.

[35]Nancy Fraser (1947), filósofa política estadounidense, profesora en la New School for Social Research. Véase "Las contradicciones del capital y los cuidados", New Left Review (ed. en español), n.º 100, 2016, donde sostiene que el capitalismo financiarizado erosiona las capacidades sociales de reproducción de las que depende.

[36]El Mostrador, 7 de octubre de 2026, cit. Sobre "Yo elijo mi PC": Emol, "Cholito, Prodemu y becas: las preocupaciones y alertas de la izquierda por el Presupuesto", 6 de octubre de 2026. La ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió su término por falta de impacto en los aprendizajes (Pauta, octubre de 2026), y el gobierno ha abierto luego la puerta a reponerlo durante la tramitación.

[37]El Dínamo, 6 de octubre de 2026, cit.; Pauta, 5 de octubre de 2026, cit.

[38]PresupuestosKast.cl, cit.; El Mostrador, 7 de octubre de 2026, cit.

[39]El Desconcierto, "Ley de Presupuesto 2027: Kast presentará proyecto al país este miércoles por cadena nacional", 30 de septiembre de 2026.

[40]BioBioChile, "Estalla la controversia por política de recortes del gobierno de Kast: hay críticas transversales", 30 de abril de 2026.

[41]David Stuckler, epidemiólogo y sociólogo (Oxford y Bocconi), y Sanjay Basu, médico y epidemiólogo (Stanford). Por qué la austeridad mata. El coste humano de las políticas de recorte (Madrid, Taurus, 2013; orig. The Body Economic, Basic Books, 2013).

[42]El Desconcierto, 30 de septiembre de 2026, cit., que recoge la alerta de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) por una disminución de entre 7% y 10% de los fondos regionales.

[43]Emol, 11 de octubre de 2026, cit.; T13, "Reducción al Programa de Mascotas: presupuesto 2027 de la Ley Cholito sufre recorte de 86%", 6 de octubre de 2026. La Subdere sostiene que hay proyectos adjudicados por cerca de $3 mil millones que seguirán ejecutándose en 2027 (El Dínamo, 6 de octubre de 2026, cit.).

[44]Aníbal Quijano (1928-2018), sociólogo peruano, uno de los fundadores del pensamiento decolonial latinoamericano, con la noción de “colonialidad del poder” sostuvo que la Conquista de América no instauró solo una dominación política, que habría concluido con las independencias. Instauró un patrón de poder fundado en la clasificación racial de la población, que asignó a cada grupo un lugar en la división del trabajo, en el acceso a la tierra y en la distribución de la autoridad y del saber. Ese patrón sobrevivió al colonialismo formal y se reprodujo dentro de los Estados nacionales independientes, a través de sus instituciones y prioridades. Véase “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en E. Lander (comp.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires, CLACSO, 2000. El caso mapuche ilustra esa continuidad. Tras la ocupación militar de la Araucanía en la segunda mitad del siglo XIX, denominada “Pacificación”, el pueblo mapuche fue confinado en reducciones que representaban una fracción mínima de su territorio ancestral, y las tierras restantes fueron rematadas o entregadas a colonos y, más tarde, a empresas forestales; véanse José Bengoa, Historia del pueblo mapuche (siglos XIX y XX), Santiago, Ediciones Sur, 1985, y Jorge Pinto Rodríguez, La formación del Estado y la nación, y el pueblo mapuche: de la inclusión a la exclusión, Santiago, DIBAM, 2003. Más de un siglo después, La Araucanía sigue figurando entre las regiones con mayores niveles de pobreza del país, según la Encuesta CASEN. El Plan Buen Vivir, buscaba responder en parte a esa deuda con inversión en agua potable, caminos, electrificación y conectividad para las comunidades. Su desaparición del proyecto de presupuesto, mientras crecen las partidas de seguridad y persecución penal, reedita la lógica descrita por Quijano: el territorio indígena vuelve a ser objeto de control antes que de inversión.

[45]PresupuestosKast.cl, cit. Otras fuentes informan una caída de 7,4% para el Ministerio de Ciencia, posiblemente por diferencias de base (Emol, 6 de octubre de 2026, cit.).

[46]Emol, 6 de octubre de 2026, cit.

[47]The Clinic, 10 de octubre de 2026, cit.

[48]Mariana Mazzucato (1968), economista ítalo-estadounidense, profesora en University College London. El Estado emprendedor. Mitos del sector público frente al privado (Barcelona, RBA, 2014).

[49]Raúl Prebisch (1901-1986), economista argentino, secretario ejecutivo de la CEPAL entre 1950 y 1963. El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas, Santiago, CEPAL, 1949, texto fundacional de la tesis centro-periferia y del deterioro de los términos de intercambio.

[50]The Clinic, 10 de octubre de 2026, cit. Senapred es el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, creado por la Ley N.º 21.364 de 2021 como sucesor de la ONEMI.

[51]Emol, "Gobierno triunfa en el Congreso", 21 de julio de 2026, que informa que la franquicia permitirá a las empresas descontar hasta 0,7% de su planilla por capacitación.

[52]The Clinic, 10 de octubre de 2026, cit. Se parafrasea.

[53]T13, "Equipo económico de José Antonio Kast propone recorte de 3% en ministerios", 9 de marzo de 2026.

[54]CEPAL, Panorama Fiscal 2026, cit.; La Estrella de Panamá, "Cepal advierte sobre déficit fiscal y endeudamiento para la región en 2026", mayo de 2026.

[55]24horas.cl, "Kast defiende recortes del Presupuesto 2027: 'Cada peso que recuperemos irá a los sectores más necesitados'", 6 de octubre de 2026; Ex-Ante, "Presupuesto: cuáles son los polémicos ajustes de Quiroz y las razones para asegurar que no afectan beneficios sociales", 2026.

[56]James O’Connor (1930-2017), economista y sociólogo estadounidense, fundador de la revista Capitalism Nature Socialism. The Fiscal Crisis of the State, Nueva York, St. Martin’s Press, 1973 (trad. castellana: La crisis fiscal del Estado, Barcelona, Península, 1981). O’Connor desarrolló su análisis en diálogo con la tradición de la sociología fiscal inaugurada por Goldscheid y Schumpeter. Su esquema fue concebido para la economía estadounidense de los años setenta, por lo que su distinción entre un sector “monopólico” y otro “competitivo” no se traslada mecánicamente a una economía primario-exportadora como la chilena; el núcleo de su tesis —la brecha entre costos socializados y ganancias privadas— sí resulta aplicable.

[57] Wolfgang Streeck (1946), sociólogo alemán, director emérito del Instituto Max Planck para el Estudio de las Sociedades de Colonia. Streeck describe una secuencia histórica en tres etapas. Primero, el “Estado fiscal” de posguerra, financiado principalmente con impuestos. Luego, el “Estado deudor”, que desde los años setenta cubrió con endeudamiento la brecha entre las demandas sociales y la resistencia del capital a tributar. Finalmente, el “Estado de consolidación”, surgido tras la crisis de 2008, cuya prioridad es recuperar la confianza de los acreedores mediante recortes del gasto público y no mediante alzas de impuestos a los sectores de mayores ingresos. En ese marco, los gobiernos democráticos responden a dos públicos: el “pueblo del Estado” (Staatsvolk), que vota y demanda derechos, y el “pueblo del mercado” (Marktvolk), que presta y exige garantías de pago, y tienden a subordinar el primero al segundo. Véanse Comprando tiempo. La crisis pospuesta del capitalismo democrático, Buenos Aires, Katz, 2016 (orig. Gekaufte Zeit, Berlín, Suhrkamp, 2013); y “The Rise of the European Consolidation State”, MPIfG Discussion Paper 15/1, Colonia, Max Planck Institute for the Study of Societies, 2015.