Chile un País Corrupto

En medio de las nuevas denuncias por irregularidades con fondos del Estado, la Presidenta Michelle Bachelet afirmó enfáticamente que Chile no es un país corrupto y se apoyó en el último informe de Transparencia Internacional, para argumentar sus planteamientos. Sin embargo, en un análisis detallado de este estudio y sin hacer honor a la habitual hipocresía nacional, se constata que los datos de Transparencia Internacional carecen de validez y confiabilidad, porque se elaboran considerando a fuentes como el Banco Mundial, a ejecutivos de empresas trasnacionales o a empresarios nacionales experimentados. Es decir, casi exclusivamente a quienes hacen negocio con estos indicadores.

Con la información que aportan esas fuentes se construye el indicador de corrupción, pero nadie consulta a los ciudadanos o a los estudiantes, ni a los deportistas que no han recibido las platas de Chiledeportes, ni a las organizaciones sociales o sindicales. Se elabora el informe considerando solo la opinión de quienes claramente se benefician de presentar a Chile como un país sin corrupción, sin tomar en cuenta que con el actual nivel de concentración del poder y de la riqueza es absolutamente obvio que la corrupción sea una práctica institucionalizada.

La única manera de acabar con los sobornos, con la triangulación de dinero o el desvío de fondos es construyendo una sociedad abierta, donde la información fluya y donde los ciudadanos se informen libremente. En cambio, Chile funciona como un pequeño feudo, donde el poder económico y sus representantes en el Parlamento controlan cada una de las actividades de la sociedad.

Para combatir la corrupción se requiere de la descentralización del poder, de la libertad de expresión, del acceso a la información pública y de la transparencia en la gestión pública. Si no se entiende así, seguiremos creyendo que en Chile no existe corrupción a gran escala, mientras quienes administran fondos públicos lucran o se convierten en representantes del pueblo en el Congreso.

Actualmente, prima el interés privado o partidista, por sobre el interés común. Por eso, es inaceptable que el senador Girardi siga ocupando su escaño en el Congreso y pretenda contentarnos con la suspensión de su vicepresidencia al PPD. O sea, es más importante responder a su conglomerado político que a la República y al pueblo. El parlamentario debería suspender su cargo como senador hasta que se demuestre que no tiene responsabilidad alguna en los casos de corrupción, en vez de dejar su sillón en el PPD, el partido político más afectado por los últimos escándalos, los que tienen su raíz en el gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos.

Marcel Claude, Economista.