El Financiamiento de la Educación

Durante el día de ayer, observamos nuevamente el poder del movimiento estudiantil. Sobreponiéndose a la brutal represión policial que observamos la semana pasada, más de 600 mil secundarios en todo Chile dieron una lección de organización y participación. Su estrategia política ha sido exitosa, entendiendo que, para alcanzar mayor eficacia había que considerar necesariamente la suma de fuerzas en todos los ámbitos para generar una mayor presión con miras a modificar la enseñanza en nuestro país.

Los estudiantes exigen una nueva institucionalidad, es decir, piden un cambio en la estructura de la educación, y del sistema en su conjunto. Para ello, se requiere de un abanico amplio de actores, a fin de influir eficazmente para cambiar radicalmente el oscuro panorama educacional. La injusticia y la desigualdad son problemas transversales que se originan en el actual modelo de desarrollo, y la educación no escapa a esta lógica de exclusión.

Actualmente, existen más de 3 millones de estudiantes, de los cuales sólo un 8,5% asiste a colegios pagados, los cuales reciben una inversión per cápita cinco veces mayor a la que recibe el 91,5% restante. Pero, no sólo está el problema de la desigualdad, sino también de la calidad. Según la prueba internacional TIMSS del 2003, aplicada a octavos básicos, Chile está a la altura de países como Filipinas, Botswana, Arabia Saudita, Ghana y Sudáfrica. Todos países extremadamente pobres.

En pocas palabras, la estructura educacional en Chile está en crisis, y esto se explica por la subordinación del derecho a la educación ante la búsqueda del lucro. Teniendo presente que una parte del problema es de financiamiento, se debería aumentar la inversión a 90 mil pesos mensuales por estudiante del sistema público y subvencionado, a fin de establecer los requerimientos básicos para desarrollar estándares mínimos de calidad en la enseñanza pública. Para esta verdadera revolución se requiere una inversión anual de 3.529 millones de dólares adicionales. Este mayor gasto es perfectamente posible si se aplicara un royalty del 30% a la minería, a la salmonicultura y a los sectores forestal y pesquero. Solo con esta medida se alcanzaría una recaudación cercana a los 4.618 millones de dólares. Cifra suficiente para costear los gastos en educación de los hijos de un país que aspira a ser desarrollado. Es más, si se estableciera un impuesto a la renta del 31% a las utilidades del 1% de las empresas exportadores que hacen el 96% de las exportaciones chilenas, habría disponibles 3.620 millones de dólares adicionales.

Sin embargo, no existe la voluntad política para llevar a cabo esta tarea. Esto, porque se requeriría realizar una trascendental reforma tributaria y un cambio no menor en la política de administración de los recursos naturales, lo cual no está contemplado por la actual administración y tampoco ha estado contemplado a todo lo largo de la administración concertacionista. En primer lugar, por las convicciones ideológicas a las cuales adhiere el actual ministro de hacienda y, en segundo lugar, por los compromisos políticos privados que tiene la Concertación con el poder económico.

Marcel Claude, Economista.